26 de octubre de 2020
23 de septiembre de 2020

El PAR vuelve a denunciar en el Senado el abuso en la temporalidad en la contratación de los empleados públicos

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) ha vuelto a plantear en el Senado el problema del abuso en la temporalidad en la contratación pública, una práctica que llevan a cabo todas las administraciones y que afecta a
cerca de 900.000 empleados públicos.

En el transcurso del pleno de la Cámara Alta celebrado este miércoles, el senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica ha tomado la palabra para denunciar que las administraciones públicas incumplen, "sistemáticamente y con total impunidad", normas tanto nacionales como europeas.

Así, la enmienda presentada por el PAR a una moción del PP recuerda que la temporalidad, reiterada en el tiempo en las plantillas de las Administraciones públicas, vulnera derechos recogidos en "la Constitución, la Directiva comunitaria
1999/70 sobre trabajo de duración determinada, la Resolución 2018/2600 del Parlamento Europeo, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores".

Algo que desde las Administraciones Públicas se hace de forma "sistemática y con total impunidad, sin consecuencias, sanciones ni responsabilidades", contraviniendo así sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha asegurado el senador aragonés.

Por todo ello, el PAR ha vuelto a insistir en la necesidad de que la Cámara Alta se implique en exigir al Gobierno la "consolidación y estabilización eficaz y real" de los empleados públicos temporales en fraude de ley y abuso de temporalidad.

No es la primera vez que el Partido Aragonés reivindica una solución al problema de la precariedad laboral de este colectivo, cuestión que ya planteó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el seno de la Comisión
de Función Pública del Senado celebrada el pasado mes de julio.

Además, el PAR ha registrado una moción en la Comisión de Función Pública del Senado en la que se exige al Gobierno que inicie los cambios normativos necesarios para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/70/CE y, en consecuencia, ponga en marcha las medidas necesarias para la consolidación de los empleados públicos temporales que en la actualidad se encuentran en fraude de ley.

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