ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Cortes aprobó hoy por unanimidad la ley aragonesa de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Aragón, pero que tendrá carácter retroactivo al 10 de agosto de 1982, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Su ámbito de actuación es el territorio aragonés y contempla medidas como ayudas por daños físicos y materiales, subvenciones a asociaciones, ayudas a la vivienda, beneficios fiscales, acciones asistenciales en materia de atención psicológica, sanitaria y educativa y ayudas para el empleo, así como distinciones honoríficas a las víctimas.
La aprobación de esta ley ha sido fruto de una propuesta presenta por el grupo parlamentario del Partido Popular (PP), aunque en su tramitación parlamentaria ha sido ampliamente consensuada por todos los grupos políticos, de forma que las 108 enmiendas presentadas inicialmente, 53 fueron retiradas y 55 aprobadas por unanimidad, 30 de ellas transaccionadas.
Los diputados manifestaron hoy su reconocimiento a las víctimas y su satisfacción por el consenso alcanzado en este texto sustituyendo la explicación de voto, una vez aprobada la ley, por un aplauso de pie en el hemiciclo.
El diputado del PP, Antonio Suárez, recordó que la aprobación de esta ley era un compromiso electoral de su partido "que hemos cumplido", aunque subrayó que en ningún momento "queríamos que esta ley fuera del PP, sino de todo Aragón, de todas las fuerzas políticas".
El parlamentario señaló que esta expectativa que se ha logrado y agradeció la voluntad de todas las formaciones políticas por conseguirlo. "Hoy es un día muy importante para la democracia, para Aragón y para todos nosotros", comentó.
Suárez agregó que esta ley "salda la deuda de Aragón con las víctimas", en una comunidad autónoma "que ha pagado un altísimo precio" por el terrorismo, con atentados como el sufrido en la Casa Cuartel de la avenida Cataluña, el autobús de la Academia General Militar y el asesinato del presidente del PP, Manuel Giménez Abad, y sólo lamentó que la ley no pueda aplicarse con carácter retroactivo hasta el año 1968, y lo haga a partir de 1982, porque "es una norma técnicamente muy complicada".
El diputado del Partido Socialista, Carlos Tomás, reconoció que "ninguna ley paliará al dolor de quienes son afectados por actos terroristas", pero se felicitó porque con la aprobación de esta ley "podemos ser un buen ejemplo para demostrar que en un tema tan sensible hemos utilizado la política como herramienta para solucionar los problemas, no para crearlos".
Por eso, se mostró "satisfecho" por la unanimidad lograda entorno al texto. "Es importante que los políticos hagamos pedagogía política y democrática" porque "los únicos adversarios son los violentos y asesinos", que "han quebrado la vida y salud de muchos aragoneses" y se felicitó por una ley que supone un "reconocimiento de la sociedad aragonesa a las víctimas".
LEY AVANZADA.
El diputado del Partido Aragonés (PAR), Javier Allué, estimó que esta ley "es de las más avanzadas del Estado en esta materia", y "la unanimidad es un valor añadido al propio texto", aunque reconoció que "sólo el destierro definitivo de la violencia será la compensación" a las víctimas del terrorismo.
El parlamentario aprovechó la ocasión de manifestar su "solidaridad íntegra y absoluta con las víctimas del terrorismo y sus familiares" y para realizar una "llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha antiterrorista".
El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, se congratuló porque "los poderes públicos aragoneses muestran de manera clara la solidaridad y el apoyo" a las víctimas del terrorismo, en "una de las comunidades autónomas que más ha sufrido el golpe duro, antidemocrático, del terrorismo" y se hace "desde la unidad" y desde el poder legislativo "donde están representadas las fuerzas democráticas".
El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, mostró su satisfacción porque Aragón cuente "con una ley de este tipo, necesaria, que nos sitúa a la altura de otras comunidades que ya la tienen", además de existir una ley estatal. "No se puede mirar para otro lado cuando grupos violentos, bandas terroristas, agreden a los ciudadanos", dijo el parlamentario, que mostró su "acuerdo total con el texto" y su "compromiso con la democracia y la paz".
LA NUEVA NORMA.
La ley aragonesa de medidas a favor de las víctimas del terrorismo es de aplicación para cualquier acontecimiento ocurrido en Aragón y para los actos terroristas de fuera de la comunidad autónoma que afecten a una persona con condición política de aragonés. También incluye a las personas jurídicas y el patrimonio que de ellas pudiera quedar afectado, así como las asociaciones y organizaciones en defensa de las víctimas del terrorismo.
La ley incluye indemnizaciones por daños psíquicos y físicos, incluido el fallecimiento, y ayudas y subvenciones, cuya cuantía supondrá un 30 por ciento más sobre las prestaciones que otorga el Estado. Asimismo, se incluye la reparación de daños materiales por el valor del bien que haya sido dañado, en viviendas, empresas, establecimientos mercantiles, sedes de partidos políticos, otras organizaciones y en vehículos.
Por lo que respecta a las acciones asistenciales, incluye la atención psicológica inmediata, la asistencia psicosocial por secuelas y ayudas piscopedagógicas.
También, ayudas y acciones asistenciales sanitarias, sociales y educativas, con exenciones de tasas académicas y ayudas para gatos de material escolar, transporte, comedor y residencia fuera del domicilio. Por otra parte, hay acciones para la reinserción profesional, programas de autoempleo, ayudas para la creación de nuevas empresas y ayudas para la contratación.
La ley contempla el derecho de las víctimas al acceso a una vivienda de promoción pública, para lo que se creará un cupo para las víctimas del terrorismo, de acuerdo con la legislación, y habrá, asimismo, un cupo para el acceso a la función pública, siempre que la administración así lo establezca.
El texto recoge beneficios fiscales, como la deducción para las víctimas del 3 por ciento de la cuota autonómica de las cantidades por vivienda nueva habitual y de promoción pública y las exenciones de tasas por derechos a examen para entrar en la administración de la comunidad autónoma.
Por otra parte, se crearán subvenciones para las asociaciones en defensa de las víctimas y se otorgarán distinciones honoríficas, que se regularán reglamentariamente por parte del Gobierno de Aragón.
