ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una simple modificación legislativa permitiría al Gobierno de Javier Lambán defender en los tribunales los intereses de los aragoneses ante actuaciones similares a la que sufren los afectados de iDental, ha propuesto el grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en el Parlamento regional.
La iniciativa, que ha sido presentada por el portavoz de Justicia del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, consiste en la introducción de un nuevo artículo en la ley aragonesa de defensa de los consumidores. Esto permitirá al conjunto de las administraciones públicas ejercer la acción popular en procedimientos penales, cuando afecten a una amplia pluralidad de consumidores. El caso Idental, con cerca de 800 denuncias formuladas ante los juzgados aragoneses, cumple estos requisitos.
El diputado ha registrado un texto que bajo la figura de proposición de Ley inicia ahora su trámite parlamentario, y cuya aprobación definitiva no debería demorarse antes de final de este año. "Nuestra intención es mejorar la defensa de los consumidores y usuarios aragoneses ante los fraudes masivos, fraudes que afectan a cada vez mayor número de personas, cada vez son sistemas de fraude más sofisticados en el que las consecuencias son más graves", ha explicado este jueves en rueda de prensa.
Ledesma ha recordado que la ley aragonesa de defensa del consumidor, aprobada en 2006, identifica con claridad a un tipo específico de consumidores y usuarios merecedores de especial protección debido a la gravedad, injusticia y dificultad en la reparación del daño que puedan sufrir.
Sin embargo la norma autonómica no contempla que las administraciones puedan ejercer la acción penal, lo que se conoce como acción popular, como herramientas para mejorar la protección de los afectados, y "así el Gobierno de Aragón podría acusar y formar parte formalmente de un procedimiento penal contra los responsables de las estafas, o de una estafa masiva", ha aclarado.
Si bien es cierto que los consumidores cuentan con la actuación de la Fiscalía, el parlamentario del PP ha estimado que "el papel procesal penal que desarrollan las administraciones públicas concretas ocupa un prisma distinto a la labor que tiene el Ministerio Fiscal", y ha puesto como ejemplo los casos de violencia sobre las mujeres donde el Gobierno de Aragón sí puede personarse ante los tribunales en defensa de la víctima.
Desde el grupo del PP han destacado que esta modificación legislativa es novedosa en el ámbito autonómico, pues ninguna Comunidad contempla aún la posibilidad de que su Ejecutivo o alguna administración pública pueda ejercer la acusación popular en procedimientos penales en materia de consumidores y usuarios.
