23 de octubre de 2020
25 de septiembre de 2020

El presidente del TSJA apuesta por reforzar la seguridad jurídica en el contexto de crisis

El presidente del TSJA apuesta por reforzar la seguridad jurídica en el contexto de crisis
El presidente del TSJA, José Manuel Bellido, conversa con el fiscal superior, José María Rivera, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. - DGA.

Bellido propone también crear una estructura "permanente" de teletrabajo, sin sustituir "en modo alguno" al presencial

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), José Manuel Bellido, ha apostado este viernes por reforzar la seguridad jurídica con más claridad normativa para evitar "contradicciones" en las resoluciones judiciales, en el actual contexto de crisis por la pandemia de la COVID-19. Ha inaugurado el Año Judicial en un acto celebrado en la sede del alto tribunal, al que ha asistido, entre otros, el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

Ha aseverado que "deben arbitrarse mecanismos que potencien la seguridad jurídica y eviten, en la medida de lo posible, la adopción de decisiones judiciales contradictorias en situaciones similares, circunstancia que no favorece la confianza de los ciudadanos en la Justicia y dificulta la actuación de la Administración gestora".

Bellido se ha remitido al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para pedir "claridad normativa". Ha hecho notar que, en este contexto de crisis, "se acrecienta la importancia del Poder Judicial y de la Administración de Justicia para garantizar los derechos de los ciudadanos y resolver los numerosos conflictos jurídicos que ya está generando la crisis social y económica" derivada de la pandemia.

En este contexto "aflora el debate entre libertad y seguridad, que se exacerba en periodos como el actual, en el que se aplica el derecho de excepción", jugando "un papel fundamental" los tribunales como órganos de control, ha dicho Bellido, para recalcar que "la esencia del Estado democrático exige el control efectivo de la actuación del poder político" y los tribunales deben "resolver los conflictos que afectan a los derechos de los ciudadanos, mediante la adecuada ponderación de los intereses que están en juego en cada caso concreto".

"Además, estos controles obligan al poder a justificar públicamente sus decisiones y a tener que dar razones para que sus mandatos sean obedecidos", ha continuado el presidente del TSJA

SITUACIÓN EXCEPCIONAL

El presidente del TSJA ha afirmado que la pandemia de la COVID-19 ha creado una "situación excepcional" y que "debemos evitar que nos paralice el miedo a afrontar los riesgos o dejarnos llevar por la comodidad que invita a no actuar cuando el escenario es difícil y los resultados de la acción son inciertos".

Ha puesto de relieve la trascendencia global de la pandemia para señalar que constituye "un punto de inflexión que, posiblemente, cambie el rumbo en aspectos tan importantes como las relaciones humanas, la economía, el trabajo, la digitalización, las relaciones internacionales y la geopolítica".

José Manuel Bellido ha elogiado la "solidaridad" de personas individuales y colectivos "que han tenido que hacer frente a la pandemia en primera línea", como el personal sanitario, Policía y Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, los servicios de transporte, abastecimiento y venta de productos de primera necesidad, también los funcionarios de servicios esenciales, como los de la Administración de Justicia.

Ha mencionado a las víctimas de la pandemia, en especial las personas mayores, "sin duda los más afectados" y "a los que las medidas de prevención sanitaria han colocado en una situación de soledad y aislamiento social que, en muchos casos, han sido devastadoras para ellos".

LA JUSTICIA, AFECTADA

El presidente del TSJA ha dejado claro que la Administración de Justicia "se ha visto profundamente afectada por las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia", en alusión a la "importante paralización" de los órganos judiciales a raíz de la suspensión de plazos procesales, así como las "numerosas prevenciones" que se han adoptado, como el control de acceso a los edificios o la limitación de aforos en las salas de vista, que "dificultan el normal desarrollo de las actuaciones judiciales".

"La gravedad de esta crisis" ha evidenciado "algunas fortalezas" de la Administración de Justicia, subrayando que "ha funcionado razonablemente bien la coordinación entre todos los implicados" a través de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19.

También ha dicho que la digitalización emprendida en Aragón "posibilita que algunas actuaciones judiciales se puedan realizar sin la presencia física de todos los intervinientes ante el órgano judicial", poniendo el ejemplo del sistema 'Avantius' y que los funcionarios judiciales han contado con conexión desde sus domicilios, una experiencia que está dando "resultados positivos". Durante el periodo de suspensión de plazos judiciales, los órganos judiciales han tramitado más de 72.000 escritos y los jueces han firmado más de 10.000 resoluciones entre autos y sentencias, en el conjunto de España.

TELETRABAJO

Manteniendo una estructura "estable y permanente" de teletrabajo "conseguiremos afinar su funcionamiento y utilizarlo en otros supuestos", como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Ha puntualizado que "su utilización debe ser limitada, regulada y evaluada" ya que, de hecho, "la celebración de juicios telemáticos presenta mayores dificultades", añadiendo que "en modo alguno" debe sustituir el teletrabajo al presencial.

El uso de herramientas tecnológicas "requiere formación y práctica para que sea verdaderamente eficaz" y, asimismo, "con la tecnología actual resulta difícil celebrar un juicio complejo en las mismas condiciones y con idénticas garantías que las que proporciona la presencia de las partes, ya que se produce una limitación de la interacción personal, se dificulta la apreciación de la prueba por el tribunal y se pueden ver afectados principios básicos, como la inmediación y la publicidad".

"En el futuro próximo cada vez será mayor la utilización de las nuevas tecnologías y por ello debemos apostar decididamente por mejorar las herramientas y regular expresamente su uso en las normas procesales, pero siempre respetando las garantías propias de un Estado de Derecho", ha considerado, insistiendo en que "ninguna crisis, por importante que sea, justifica la degradación de los principios que desde hace décadas rigen los procesos judiciales en los Estados democráticos".

Sin embargo, "las perspectivas de futuro son complicadas por la necesidad de atender al previsible incremento de litigiosidad derivado de la crisis social y económica, con la exigencia de respetar, al mismo tiempo, las medidas de prevención de la salud de todos los intervinientes en el proceso", lo que exige "agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia".

MÁS RECURSOS

El presidente del TSJA ha urgido a "incrementar nuestro esfuerzo resolutivo, aunque ya esté, en muchos casos, sobrecargado" porque "este esfuerzo no será suficiente si no va acompañado de una actitud decidida de las Administraciones competentes, la autonómica y la nacional".

Ha comentado que ya se ha establecido un plan de auto-refuerzo de las jurisdicciones social y mercantil, aunque "probablemente no sea suficiente y haya que desarrollar refuerzos externos más adelante". También se ha reforzado el Registro Civil de Zaragoza.

"Pero para atender adecuadamente la situación debemos ser más ambiciosos y acometer la creación de aquellos órganos judiciales que si antes ya eran necesarios, en la actualidad devienen imprescindibles", ha planteado Bellido, quien ha reconocido "los problemas presupuestarios", lo que "obliga a priorizar y reajustar las plantillas que estén sobredimensionadas para facilitar su creación". Ha confiado en que el Gobierno de Aragón "hará todos los esfuerzos posibles para atender esta petición".

Ha urgido a acometer la reforma de la oficina judicial para ahorrar y ganar en eficacia, lo que evitaría -ha indicado-- "crear siempre órganos judiciales con una plantilla completa", sino que "se atendería a las necesidades reales de personal".

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