ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han convocado una concentración de los trabajadores del sector público para mañana, jueves 20 de mayo, ante la Delegación del Gobierno en Aragón, en Zaragoza, y las Subdelegaciones del Gobierno en Huesca y Teruel para protestar contra las medidas propuestas por el Ejecutivo central para reducir el déficit, porque consideran que "traspasan todos los límites".
Con esta protesta, que sirve de antesala a la huelga general del sector público convocada para el 8 de junio, los tres sindicatos mostrarán su rechazo a unas medidas que contemplan una rebaja de un 5 por ciento de media de las retribuciones del personal del sector público desde este verano, que se congelarán en 2011, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011 y el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento.
El presidente regional de CSIF, Luis Güerri, señaló en una rueda de prensa en Zaragoza que se trata de unas medidas "durísimas y muy graves" que "sangran a los débiles" y no servirán para generar empleo, sino para contraer el consumo. "Pedimos a todos los trabajadores que no se callen, peleen y colaboren con este movimiento", señaló.
El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. Aragón, Enrique Gracia, consideró que "el Gobierno lleva al país a una situación de desastre y está traspasando todos los límites porque este plan de ajuste supone un ataque sin precedentes a las políticas sociales" ya que "no sólo se reducen los salarios en el sector público, sino las pensiones, ayudas a la dependencia y a la maternidad".
Gracia añadió que con estas medidas "el Gobierno ha roto unilateralmente la negociación colectiva" y supone "un torpedo en la línea de flotación del diálogo social" porque "se golpea a los más débiles en lugar de acometer un esfuerzo solidario, lo que provocará contracción del mercado, incremento del paro, elevará el gasto en subsidio por desempleo y dificultará el acceso de jóvenes al trabajo".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Daniel Alastruey, explicó que "el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había dicho que no se saldría de la crisis sin diálogo, pero lo ha roto" con unas medidas que "acaban con todas las esperanzas de modernización de la Administración y mejora del empleo público" que demuestra "una improvisación inusitada".
ADMINISTRAR UN BIEN ESCASO
Alastruey indicó que "no se ha visto que el Gobierno haya tomado medidas contra el fraude fiscal o para convencer a la población de que es necesario un cambio". "Hay que empezar a administrar un bien escaso, definir qué servicios públicos queremos, que Administración pública lo da y eliminar cargos duplicados", afirmó.
Así explicó que, además de la concentración que tendrá lugar mañana a las 19.00 horas en la Delegación del Gobierno en Aragón y las Subdelegaciones de Huesca y Teruel, se participará en la huelga general del sector público del 8 de junio "para que la toma de decisiones deje de estar en manos de los mercados y se devuelva a la sociedad".
También informó de que pedirán a todos los diputados aragoneses "sean del partido que sean" que se opongan a estas medidas "de recorte social y defiendan los servicios públicos" o, al menos, "que se definan y digan si votarán a favor, en contra o si están en contra y votarán a favor por disciplina".
"Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a que defiendan los servicios sociales porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar", aseveró.
En referencia a la posible eliminación de la ayuda de 420 euros para las personas a las que se les ha terminado la prestación del paro, Alastruey indicó que "lo que antes podía sonar en positivo ahora suena a amenaza" y al decir que era una medida "revisable, suena a que podría ser un nuevo recorte social".
Sobre la reforma del mercado laboral, Alastruey reconoció que el presidente del Gobierno "dio un poco de miedo" cuando dijo "que habría que hacer la reforma laboral que mas consenso tuviera". "No debe abandonar la senda que estuvo transitando durante seis años y cualquier reforma laboral forzada va a ser muy negativa para su futuro y para el del país, una vez que se ha explicado que la situación es desastrosa debería tratar de alcanzar el mayor consenso posible", concluyó.
