ZARAGOZA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica del PP Aragón, Yolanda Vallés, ha lamentado este jueves que el Gobierno regional de Javier Lambán no haya llevado a cabo todavía la reforma de la función pública, anunciada en el discurso de investidura, en 2015.
La actualización del texto legislativo vigente, pendiente de modificar desde que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, afecta a 72.000 funcionarios aragoneses, la gran mayoría adscritos a la Comunidad Autónoma en los ámbitos de la administración general, educación, sanidad y justicia fundamentalmente, ha informado el PP en una nota de prensa.
Sin embargo, "en estos tres años el Gobierno liderado por el PSOE ni siquiera llegó a superar el paso previo de pactar con los sindicatos un documento que trasladar a las Cortes para su debate".
Vallés ha destacado "la incapacidad" de Lambán para cumplir los acuerdos y compromisos, "acuerdos sindicales y compromisos políticos con la ciudadanía en general, porque eso es el debate de investidura, un contrato social", a lo que ha añadido que "si Aragón no tiene hoy una ley de Función Pública es exclusivamente por la falta de cintura de Lambán".
Ha recordado cómo en 2014, siendo secretario general de los socialistas aragoneses, "torpedeó" el proyecto de ley del gobierno PP-PAR, que sí había alcanzado un pacto con los sindicatos, impidiendo entonces el acuerdo básico parlamentario para aprobar una nueva ley. "Y ahora que gobierna tampoco ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con los empleados públicos. Ni haces ni dejas hacer", ha afirmado.
La diputada del Partido Popular alertó sobre la situación "singular" en la que permanecen los 72.000 funcionarios públicos aragoneses, "los únicos a los que no se les aplican las nuevas disposiciones recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, y en sus sucesivas modificaciones, lo que supone que están a la decisión graciable de la Administración, y eso que --Lambán-- nos prometió despolitizar la función pública".
SEGURIDAD JURÍDICA
La consecuencia directa, ha afirmado, es la "falta de seguridad jurídica" y ha puesto como ejemplo que Aragón "ha sido la única Comunidad Autónoma donde la aplicación de los acuerdos nacionales en materia de procesos de consolidación de empleo y procedimientos de acceso a la función pública, están sustentados simplemente en acuerdos sindicales sin respaldo legal ni reglamentario. Y esa forma de gestión de personal ya ha sido objeto de reparo en los informes de la Cámara de Cuentas".
La ley "nos afecta a todos", ha dicho Yolanda Vallés, indicando que "los servicios públicos son prestados por personas y garantizarles la dignidad de su trabajo es garantizar los servicios públicos".
