OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el exlíder del sindicato SOMA, José Ángel Fernández Villa, arrancó este miércoles pasadas las diez de la mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias con las cuestiones previsas. La sesión está previsto se celebre a puerta cerrada, como solicitó su defensa, cuando toque el turno a la declaración los forenses y médicos que recientemente exploraron al exsindicalista para evaluar su estado de salud.
Villa llegaba a la Audiencia minutos antes de las diez de la mañana acompañada de su mujer. Allí su procuradora le ayudaba a entrar en el edificio judicial. Ya en la Sala, la Magistrada María Luisa Barrio, manifestaba a los medios de comunicación la prohibición explícita de sacar imágenes del histórico sindicalista en el banquillo de los acusados, donde estaba acompañado también de su mujer.
En esta ocasión, como ya ocurrió con el juicio del denominado Caso Marea, el TSJA ha habilitado una sala desde la que los medios de comunicación pueden seguir la vista, siempre que la jueza no decida cortar la señal, como ocurrirá previsiblemente cuando se hable de los informes médicos relativos al acusado.
El histórico sindicalista minero y exsenador del PSOE José Ángel Fernández Villa está acusado de un presunto delito de apropiación indebida. El exsindicalista se enfrenta a una pena que va desde los cinco años que pide el fiscal hasta los seis que pide la acusación particular (Fitag-UGT y Fundación Infide). También será juzgado en este caso el exsecretario del Patronato de la fundación Infide, Pedro Castillejo, para el que la fiscalóa pide tres años y medio de prisión.
Sin que el fiscal entienda que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, impone a Villa una indemnización al SOMA-Fitag-UGT por 434.158 euros, mientras que Castillejo deberá abonar a Infide 119.434 euros.
En su escrito, el fiscal atribuye a Villa un delito continuado de apropiación indebida durante el tiempo en el que ostentó "la máxima capacidad de toma de decisiones" en el SOMA, donde ejerció una posición de "dominio absoluto" del sindicato, "siendo la persona que tomaba todas las decisiones en el mismo, nombraba el personal directivo del sindicato, y decidía la contratación y cese del personal".
Según su relato, el exlíder sindical habría ideado un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal quedándose, entre otras cuestiones, con las dietas abonadas por el Comité intercentros de Hunosa que correspondían al sindicato. Además habría presentado gastos de aparcamientos, prensa, restaurantes, puros, sombreros, flores, centros dietéticos, maletas, farmacia, parafarmacia, delicatessen, libros, dvd, música, perfumerías y en diferentes tiendas, todo ello sin que los pagos tuviesen justificación alguna relacionada con la actividad sindical.
Todo ello, reitera el fiscal, derivado de su situación de "dominio total" sobre el sindicato. Entre los años 2001 al 2007 Villa gastó con la tarjeta del SOMA un total de 37.120 euros.
A partir de 2008, prosigue el escrito de acusación, el exsecretario general del SOMA "continuó con la dinámica", aunque en esta ocasión utilizando diferentes tarjetas de crédito por importe total de 36.082 euros hasta 2012.
Además, cargó al sindicato diversas facturas de teléfono por importe conjunto de 1.065 euros que eran de consumo personal y que había pagado el acusado, recibiendo en compensación 1.317.
Por otra parte, y a pesar de que disponía de vehículo en el sindicato para las tareas que fuesen necesarias, "decidió que el sindicato procedería a comprarle los vehículos que fuesen pertinentes para su uso particular". Así, en 2001 adquirió un Mitsubishi Montero por 33.520 euros; en 2006 otro coche del mismo modelo por 52.111 euros, y el seguro del vehículo, con un coste de 13.936 euros.
Para uso del sindicato, pero a su nombre, compró un Audi A4 cuyo coste fue cargado "legítimamente" al sindicato, ordenando transferencias mensuales de 882 euros para pagarlo desde su cuenta personal. Sin embargo, una vez terminado de pagar el vehículo, siguió percibiendo la misma cantidad por este concepto durante casi dos años más, siendo el importe apropiado "por exceso" de 16.764 euros. La suma total de las cantidades de las que se apropió de forma indebida asciende a 434.158 euros.
La Fiscalía también atribuye a Castillejo apropiación indebida durante su etapa como secretario del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). En esta ocasión la suma asciende a 119.434,74 euros incorporados a su patrimonio a través de reintegros de efectivo, pagos en "innumerables restaurantes", farmacias y diferentes tiendas entre los años 2004 y 2013.
