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OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR) ha emitido este jueves una nota de prensa en la que anuncia que interpondrá una denuncia penal contra la Consejera de Educación, su director de Planificación y el director de la obra del colegio Ruiz-Tilve por prevaricación, falsedad e injurias y calumnias.
CAR ha explicado que ha tomado esa decisión ante la "absoluta y descarada mentira" de la Consejería, que este miércoles culpó a la compañía de que las obras del colegio estuvieran paradas y de haber pedido más dinero.
Sin embargo, la versión que ha dado la empresa es radicalmente opuesta. CAR ha relatado que instó hace más de un mes la resolución del contrato por "importantes y esenciales" incumplimientos de la Consejería, que tiene "paralizada" su reclamación. La empresa niega haber planteado exigencias económicas adicionales y que haya incumplido el contrato.
Todo lo contrario, añade, hizo un "importante esfuerzo" con la finalidad de que la obra se llevase a cabo, ofreciendo incluso acortar el plazo de ejecución a doce meses, lo que "impidió" la Consejería.
A su juicio, fue el Gobierno regional el que exigió comenzar una construcción "condenada al fracaso" por "irregularidades financieras, legales y técnicas".
"Da la impresión, uno tiene la sensación, de que lo que ha pretendido la Consejería en todo momento es que no pueda llevarse a cabo la construcción, intentando culpabilizar a la empresa, y nada más lejos de la realidad", han dicho desde la compañía.
En la firma del acta de replanteo, han explicado desde CAR, la empresa ya dijo que no se había realizado por la administración el estudio geológico del solar, que es obligatorio según la Ley de Edificación, ni tampoco se acudió por los técnicos de la Consejería al replanteo con el Ayuntamiento de Oviedo. También advirtieron que el proyecto tenía "importantes defectos, sobre todo de estructura, que "ponían en riesgo la seguridad del edificio".
Según CAR, el Director de Planificación educativa les dijo que la obra debía comenzar ya "por cuestiones políticas", a lo que contestó la empresa mediante escrito en el que establecía las "importantes irregularidades" del expediente y del proyecto. Este escrito, de 20 de julio no fue ni contestado por la Consejería, por lo que la empresa "no ha tenido más opción que renunciar al contrato, lo que ha presentado el 30 de julio, sin tampoco obtener respuesta alguna por parte de la Consejería".
LAS OBRAS NUNCA EMPEZARON
Sostienen que la obra nunca ha comenzado y que las máquinas que la Consejería ha declarado que implicaban el inicio de la obra eran las de la empresa de geología contratada por ella "tarde y mal" para hacer un informe geológico "fuera de plazo".
"Quien ha renunciado al contrato es la empresa por lo irregular de la actitud de la consejera, que tiene todas las competencias y autoridad en este contrato según establecen los pliegos de contratación", han manifestado desde CAR, insistiendo en que no les ha quedado más opción. A pesar de todo, el asunto les ha causado "importantes perjuicios" que ya han reclamado al Principado.
CAR afirma tener presentado un aval de más de cien mil euros y ha dedicado cientos de horas de trabajo a un proyecto "inviable". En sus escritos de 20 y 30 de julio ha denunciado "deficiencias técnicas" de tal importancia como "la ausencia de estudio geotécnico, la falsedad en el acta de replanteo, que no se ha aprobado el Plan de seguridad ni la planificación de la obra para que pueda dar comienzo, que el edificio carece de juntas de dilatación y defectos estructurales, así como incoherencia de la estructura con la distribución".
También advirtió de que la obra no está financiada "de forma ajustada a la Ley", ya que se incumple la Ley Presupuestaria. Según CAR, la anunció que se pagará con cargo a fondos europeos que no están aprobados, citando reglamentos comunitarios derogados. CAR ha puesto ya hace semanas estos hechos en conocimiento de la Intervención General del Principado, y ante su falta de respuesta lo hará a la Sindicatura de Cuentas.
CAR se ha puesto a disposición de la dirección del Colegio y de la AMPA, "para demostrar con papeles y técnicos la falsedad de lo manifestado por el director y la consejería".
