Uno de los empresarios que presentó un presupuesto a través de otra compañía admite que tuvo la sensación de estar haciendo "un favor"
OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La que fuera jefa de servicio de la Consejería de Bienestar Social en 2010, en el periodo en el que Ángel González era viceconsejero, ha afirmado este martes en la vista del juicio contra el dirigente de IU que advirtió en su día que la tramitación de unos contratos relativos a unos monolitos para homenajear a víctimas de la Guerra Civil no se podía hacer como González pretendía.
"Ese contrato así no se puede hacer, le dije", ha manifestado la funcionaria en la segunda jornada del juicio. Fue en el transcurso de una conversación que ambos mantuvieron al respecto, después de que Ángel González acudiese a su despacho para interesarse por la tramitación. Las declaraciones de la funcionaria, que hoy ha comparecido como testigo, contradicen la versión que dio este lunes González, quien afirmó que no tuvo conversación alguna al respecto con la funcionaria.
Ángel González, que actualmente es portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, está acusado de un delito de prevaricación administrativa por la tramitación y ejecución de contratos menores para la compra de unos monolitos relacionados de las víctimas de la Guerra Civil, en 2010, cuando era viceconsejero de Bienestar Social. Fiscalía pide para él una pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También se juzga a Roberto Moro, secretario general técnico, para el que piden 5 años de inhabilitación.
Según el relato que ha hecho la funcionaria, fue Roberto Moro quien le dijo en un principio que Ángel González estaba interesado en la tramitación de ese contrato relativo a monolitos de la Memoria Histórica y que era algo que le "urgía mucho". Ella y Moro estuvieron barajando en un primer momento que pudiese utilizarse el formato de un contrato de obras, pero, tras intercambiar opiniones, consideraron "más acertado" el de suministro. "Llegamos a la conclusión de que lo mejor sería un contrato de suministro, negociado y sin publicidad". La opción, ha añadido, permitía la agilidad que le pedían.
Sin embargo, la funcionaria ha explicado que a los pocos días el viceconsejero Ángel González la visitó en su despacho y le preguntó cómo iba la tramitación. Ella le contestó que estaba ultimando el pliego y que sería un contrato de suministros. "Pero el me dijo que no, que tenía que ser un contrato de obra menor", ha relatado.
"Le dije que no encajaba, porque no había obra", ha insistido, añadiendo que en la reunión llegó incluso a poner a disposición de González la ley y los artículos que respaldaban el criterio de que fuese un contrato de suministro, comprometiéndose además a consultarlo si hacía falta al servicio jurídico.
Siempre según su versión, González insistiría en que prefería la fórmula del contrato menor de obra. "Yo le dije que no podía ser que así no lo iba a tramitar", comentó. El encuentro se zanjó con la salida de González del despacho. "Me dijo que lo tramitara rápido y se fue", ha manifestado.
Tras el episodio, la funcionaria ha explicado que se dirigió al despacho de Roberto Moro para comentarle lo que le había pasado, tras una situación "que no fue agradable". En aquel momento, Moro, ha dicho, se giró del ordenador y le dijo que se iba a tramitar en tres partes el contrato, dividiéndolo en áreas territoriales. Era su superior, entró como puesto de libre designación a propuesta de Moro, y la decisión estaba tomada. "Pásale los presupuestos a Jaime", ha afirmado que le dijo, en referencia a un auxiliar administrativo.
La funcionaria ha dicho que, desde ese momento, ya no participó en nada del proceso de contratación. Lo ocurrido sucedió en octubre de 2010 y ella presentó ya en noviembre de ese año una instancia para optar a otra plaza. "Mi gran error fue no haberme ido de la consejería en aquel momento", ha señalado.
Uno de los subordinados de esta funcionaria también ha declarado este martes y ha confirmado que la idea de dividir el contrato en tres partes fue, efectivamente, de Moro. "Roberto dijo que se podía hacer", ha manifestado este funcionario, que entró también en un puesto de libre designación, a propuesta de su superiora.
PRESUPUESTOS Y FAVORES
El fiscal en su acusación sostiene que para la colocación de los monolitos se convocó en la sede de la al administrador de la sociedad New Construction S.L y se le encargó que presentase un presupuesto para una adjudicación de un contrato menor de obras para la entrega y colocación de dichos hitos, debiendo acompañarlo con el presupuesto de otras dos empresas que él entendiese convenientes. Finalmente conseguiría el contrato.
Tanto ese empresario, como los dos de las empresas que le acompañaron han pasado en esta jornada por el juicio y han respondido a las preguntas de las partes. "Me reuní con Ángel González y con alguien más", ha declarado el responsable de New Construction, que ha reconocido que presentó tres ofertas y que las otras dos empresas le entregaron la suya en sobre cerrado. Él las llevó a la Consejería, pero ha insistido en que "no recuerda" a quién se las entregó. Ha admitido que esa manera de proceder "no es normal" y ha dicho que su empresa contrata frecuentemente con la Administración regional.
El representante de una de las otras dos empresas también ha dicho que no es habitual que una empresa le pida que presente una oferta para concurrir a un contrato. "No tenía ninguna confianza en que me dieran a mí el contrato", ha señalado, explicando que tenía la sensación de que lo que hacía era "un favor" a otra empresa.
