OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT, CC.OO, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) explicaron hoy que alrededor de 1.100 funcionarios de Justicia de Asturias y unos 9.000 en toda España irán a la huelga indefinida el próximo lunes para reivindicar la equiparación salarial con los trabajadores de las comunidades que ya tienen trasnferidas las competencias en materia de Justicia.
Los responsables de estos sindicatos ofrecieron hoy en Oviedo una rueda de prensa para informar sobre la convocatoria de huelga, que consideran que tendrá un respaldo "unánime" de los funcionarios.
Los funcionarios exigen una homologación salarial entre los órganos de la Administración judicial que no está transferida y aquellos que dependen de las comunidades autónomas donde tienen competencias. Así, el representante de CC.OO., Ignacio Quintana, manifestó que las diferencias salariales entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que se encuentran en órganos competencia de las comunidades autónomas puede llegar a 200 euros mensuales, lo que suponen cantidades de 2.400 euros al año menos para los empleados de servicios no transferidos.
En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Medilla y los órganos centrales radicados en Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central o la Fiscalía General del Estado, entre otros.
Quintana consideró "inadmisible" que el Ministerio se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios, una reivindicación de hace más de diez meses. En este sentido acusó al ministro de Justicia de actuar como un "prepotente".
Además manifestó que no considera que sea una cuestión de "falta de presupuestos" ya que si se ha subido el sueldo a jueces y fiscales. "Se sube el sueldo a quienes más cobran", indicó.
Por su parte, el responsable de UGT, Juan Miranda, denunció que los servicios mínimos impuestos son "abusivos" superando incluso los que se suelen marcar para la sanidad.
A juicio de los sindicatos si no se llega a una solución la situiación derivaría en una Justicia "de primera y de segunda" dependiendo de las comunidades autónomas.
