OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PP asturiano y portavoz del Grupo Popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, junto a varios diputados populares, ha impugnado este jueves ante el Consejo de Ministros el Estatuto de Consumidores Electrointensivos aprobado el pasado diciembre mediante el Real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de modificarlo y lograr que sea "útil" para Asturias.
Con esta acción administrativa, los populares pretenden declarar "nulo" el actual Estatuto y modificarlo de manera que ayude a la industria en Asturias. Para eso, el PP reclama incorporar un anexo que recoja la figura del consumidor hiperelectrointensivo; garantice el otorgamiento de ayudas que dispongan de una partida fija cada año, así como acciones efectivas para rebajar el precio de la energía eléctrica y así la competitividad de nuestro sector industrial frente a los países del entorno.
"Ahora, las ayudas contempladas en el Estatuto dependen de la disponibilidad presupuestaria, y eso es dejarlas en el aire", censura Mallada.
La líder del PP en Asturias anunció hace una semana, junto al Secretario General y responsable de Industria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, durante un encuentro en Oviedo, esta decisión, y este jueves el Grupo Parlamentario Popular ha registrado formalmente la "solicitud" al Consejo de Ministros de que "se proceda a la revisión de oficio, a los efectos de su declaración de nulidad y revocación, del Real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre, mediante la correspondiente modificación" a través de la incorporación de un anexo.
Mallada advierte de que "el Estatuto no ayuda en absoluto" a la industria asturiana y que "se ha hecho a media del País Vasco y Cataluña". "No ha tenido en cuenta las aportaciones del Gobierno de Barbón, lo que demuestra además el poco peso del presidente del Principado en asuntos vitales para Asturias".
En esta línea, la líder 'popular' acusa al Gobierno regional de no tomar medidas "contundentes" en defensa de la región, y asegura que el paso dado hoy por el PP resulta "imprescindible" para defender los intereses de más de 50.000 trabajadores de la gran industria asturiana, a los que este Estatuto "deja tirados".
Los populares fundamentan en su solicitud que el Estatuto es "nulo de pleno derecho" y reclaman su "revocación, mediante la correspondiente modificación", a través de la incorporación de un anexo, con el fin de "adaptarlo al mandato contenido en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.
CONTRAVIENE UNA NORMA SUPERIOR, CON RANGO DE LEY
Los diputados del PP en la Junta fundamentan su solicitud en que el Estatuto, regulado por un Real Decreto con rango de reglamento incumple el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, una norma superior, con rango de ley. Por lo que, a su vez, contraviene el principio constitucional de jerarquía normativa.
El Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, ordenaba dotar en el plazo de seis meses de un Estatuto para los Consumidores Electrointensivos, que caracterizara adecuadamente a dichos consumidores y mitigara los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad.
Pero, el Gobierno de España aprobó finalmente un Estatuto de la Industria Electrointensiva, dos años después del mandato legal recibido, que "no caracteriza adecuadamente a los consumidores electrointensivos ya que no reconoce la figura del consumidor hiperelectointensivo"; "no contempla mecanismos efectivos para mitigar los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad"; y "ni siquiera establece una regularidad ni en la cuantía ni en la existencia de las ayudas, ya que las hace depender expresamente cada año de la existencia de partida presupuestaria".
EL ACTUAL ESTATUTO NO CONTENTA A NADIE
En su solicitud, los populares también recuerdan que el Estatuto ha despertado las críticas de todos los miembros del sector, ya sean las propias empresas electrointensivas, las asociaciones de empresarios o las organizaciones sindicales. En esta línea, subrayan que desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se considera insuficiente y que no se da una respuesta satisfactoria a las singularidades de los grandes consumidores de energía. En palabras de su director general, "con medio euro apenas se enfría la diferencia de precio entre España y los países del entorno".
En el mismo sentido, la patronal asturiana FADE señaló, recuerda el escrito, que el texto aprobado no atiende a las necesidades y soluciones que requiere la industria básica electrointensiva, y "no tiene en cuenta la singularidad y la realidad de la industria asturiana, a la que condena a una pérdida de competitividad constante frente a sus homólogos franceses y alemanes."
Asimismo, recuerdan que UGT Asturias advirtió que "el contenido del Estatuto es nefasto para los intereses de la industria asturiana y, por tanto, para Asturias en su conjunto."
