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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Transparencia que impulsa el Gobierno del Principado de Asturias establece la creación del denominado Consejo Asesor de Transparencia del Principado de Asturias, que será el encargado de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información. El Consejo estará formado por tres miembros del Consejo Consultivo (el presidente y los dos elegidos por la Junta General) y por un secretario, con voz pero sin voto.
Todo ciudadano tendrá derecho a presentar una reclamación ante el Consejo contra alguna resolución en relación a sus solicitudes de información. No obstante, el anteproyecto de ley del Principado establece excepciones. Quedan excluidas de este sistema las resoluciones del Consejo Consultivo, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y de la Junta General del Principado de Asturias, frente a las que sólo se podrá interponer recurso contencioso administrativo.
En un reciente dictamen consultado por Europa Press acerca de la norma, el propio Consejo Consultivo considera "factible" la idea de asumir la carga de trabajo adicional que comportarán las novedosas reclamaciones con sus medios personales y materiales.
Además del Consejo, la norma también establece la creación de la Comisión de Transparencia del Principado de Asturias, que elaborará informes, acordará acciones disciplinarias si es preciso, velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizará el ejercicio a la información pública. Estará adscrita a la Consejería de Presidencia.
Esta Comisión estará formada por el presidente del Consejo Consultivo, el titular de la Consejería competente, el máximo responsable del órgano competente previsto en la Ley de Buen Gobierno, un diputado por cada uno de los grupos parlamentarios en la Junta, un representante de la Federación Asturiana de Concejos, un representante de la Universidad de Oviedo y el titular de la Secretaría General Técnica competente en transparencia.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, informó esta semana de la aprobación por parte del Gobierno del Principado del proyecto de Ley de Transparencia, que deberá empezar aún su trámite parlamentario en la Junta General del Principado.
Está previsto que la Ley de Transparencia estatal no entre en vigor hasta diciembre de este año. Las comunidades autonónomas tienen un periodo mayor para adaptarse. Por lo que respecta a la asturiana, teniendo en cuenta ese trámite parlamentario, la previsión es que no entre en vigor hasta después de las próximas elecciones autonómicas, en 2015.
