OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo, conformado por Somos, PSOE e IU, ha asegurado este miércoles que el Consistorio podrá hacer frente en 2018 a la deuda de más de 17 millones vinculada al Palacio de Congresos de Calatrava sin que esa obligación suponga un recorte en gasto social e inversiones.
La modificación presupuestaria para asumir dicho pago ha salido adelante con el respaldo de los 14 ediles del Ejecutivo municipal, la abstención de los diez concejales presentes del PP y el voto en contra de los dos ediles de Ciudadanos, cuyo portavoz, Luis Pacho, reclamó concreción en las inversiones afectadas.
Según ha indicado en sesión plenaria el concejal de Economía, Rubén Rosón, los suplementos de crédito "refinanciarán" las obras que ahora se ven "obligados" a detraer. "Se retrasa la ejecución pero la financiación está asegurada", ha dicho.
Igualmente, Rosón ha afirmado que las cuentas de 2018 disponen de las partidas "más altas en gasto social de la historia de esta ciudad". "De ahí no vamos a recortar", ha explicado, señalando ésta como una de las principales diferencias de gestión entre el actual gobierno municipal y los anteriores ejecutivos del PP, a los que culpa de las deudas municipales. Por ello, ha exigido a los 'populares' que "asuman su responsabilidad" ante los vecinos de Oviedo tanto por los "pufos" de su "negligente gestión", haciendo mención explícita tanto al Calatrava como por Villa Magdalena o Cinturón Verde, entre otros casos.
"El PP recortó servicios públicos para pagar deuda. Nuestra receta es distinta: aumento de gasto social", ha comentado el concejal de Economía, señalando su apuesta por una "fiscalidad más justa, una mejor gestión y el recorte de gastos superfluos.
El concejal del PP Eduardo Rodríguez explicó la abstención de su formación señalando que apoyan que se corrija el déficit y se apruebe el gasto para el pago de sentencia pero advirtió de que la previsión es que se incumpla la norma de gasto.
En el pleno también se abordaron otras modificaciones presupuestarias y cambios en ordenanzas fiscales por unanimidad de la corporación. En esta línea, desde el PP se advirtió de la necesidad de respaldo técnico que avale el IBI diferenciado ya que "cuando hay recursos sobre la mesa puede ser anulado".
