OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita ocho años de prisión para cada uno de los dos acusados de instalar clonadores de tarjetas y cámaras en distintos cajeros de Oviedo. La vista oral está señalada para este martes 5 de febrero de 2019, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, entre los días 25 de julio y 13 de agosto de 2017, los acusados, en los cajeros públicos de la entidad bancaria Caja Rural de Asturias situados en la calle Melquiades Álvarez, Fernando Vela y calle Camino Real de Oviedo y el cajero de Caja Rural de Asturias en Colloto, instalaron en la ranura destinada a la entrada de tarjetas de crédito un dispositivo de lectura que permite copiar la banda magnética de tarjetas de crédito de los usuarios.
Al tiempo, en los mismos cajeros colocaron un dispositivo de grabación con micro-cámara oculta vinculada a una tarjeta de memoria y camuflado para la captura del número PIN de seguridad de las tarjetas de crédito a medida que eran tecleados por sus propietarios en los cajeros.
Utilizando este procedimiento, los acusados obtuvieron los datos de la banda magnética, la numeración y el número PIN de las tarjetas de crédito o débito auténticas de 18 usuarios. Una vez obtenidos esos datos, los acusados los trasmitieron a terceras personas no identificadas, quienes, tras clonar las tarjetas, los utilizaron en el extranjero para efectuar compras y reintegros de las cuentas de los clientes perjudicados. El importe total de las cantidades que Caja Rural de Asturias ha abonado a los clientes es de 8.483,63 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de falsedad de tarjetas de crédito y un delito de estafa y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 8 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Los acusados son ciudadanos de la Unión Europea que no tienen residencia legal en España. Dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, la pluralidad de perjudicados, la pena solicitada y la necesidad de asegurar la defensa del orden jurídico y la seguridad pública quebrantada, la Fiscalía considera que deben cumplir íntegramente dos tercios de la condena en España y que la ejecución del resto sea sustituido por la expulsión del territorio nacional durante 10 años. Pago de las costas procesales.
Además en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados, conjunta y solidariamente, indemnicen a la entidad Caja Rural de Asturias en 8.463,63 euros, más los intereses legales correspondientes.
