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OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP en la Junta General Susana López Ares ha defendido este jueves una propuesta de su grupo parlamentario para favorecer la libertad de elección de centro educativo y evitar que el criterio relativo a la residencia familiar o el lugar de trabajo no sea "lo que decida" en el proceso de admisión.
En rueda de prensa en sede parlamentaria, López Ares ha recordado que el PP presenta esta semana ante el pleno de la Cámara asturiana una proposición no de ley sobre modificación de las bases por las que se rige el proceso de admisión del alumnado en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.
La diputada 'popular' sostiene que actualmente lo que prima es la variable geográfica, afirmando que eso va "en contra de la equidad". De este modo, desde el PP proponen que el Gobierno del Principado establezca un distrito único en los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés y cambie los baremos, potenciando otras variables como tener un hermano en el centro, la renta familiar, la discapacidad, ser familia numerosa o que los padres sean antiguos alumnos.
Para la diputada del PP, que puso de ejemplo la fórmula aplicada en Madrid, es necesario diseñar "un modelo más dinámico" en el que el criterio de domicilio o lugar de trabajo puntúe pero no sea determinante en la asignación de centro.
Igualmente, reclama más transparencia en la información relativa a la oferta formativa de los centros y sus resultados académicos, así como potenciar la autonomía de los centros para que puedan ofrecer una formación diferenciada a partir de unos mínimos homogéneos.
Además, ha explicado que el PP presenta primero esta proposición no de ley pero advierte de que, "pasado determinado tiempo", si desde el Ejecutivo asturiano no se toma la iniciativa, su grupo estará en disposición de trasladar a la Junta una proposición de ley.
En este sentido, Susana López Ares ha apostado por la capacidad legislatura de la Cámara autonómica, remarcando que el Gobierno del socialista Javier Fernández tiene "la responsabilidad" de cumplir con las orientaciones de la Junta General, como órgano de representación de los ciudadanos.
