OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias, el Instituto para la Transición Justa y la empresa Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) han suscrito este miércoles un protocolo de colaboración para el estudio y desarrollo de proyectos de rehabilitación y restauración de espacios degradados a causa de la actividad minera, bien por explotaciones subterráneas o por el funcionamiento de minas a cielo abierto.
El convenio ha sido ratificado telemáticamente por el consejero de Economía, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández; la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, y el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal.
Este acuerdo se enmarca en los objetivos generales del Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, y pone de manifiesto "el interés de las tres entidades en trabajar de manera conjunta en la recuperación económica y medioambiental de estos territorios, con el objetivo de avanzar en alternativas que garanticen el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo", han indicado desde el Principado a través de nota de prensa.
Para el desarrollo del protocolo, los firmantes orientarán sus actuaciones en dos direcciones: el impulso de una hoja de ruta con objetivos medibles, posibles compromisos y apoyos de las partes firmantes y demás agentes implicados; e identificación de proyectos para la recuperación económica y medioambiental de las zonas degradadas por la actividad minera.
Desde el Gobierno de Asturias se identificarán posibles intervenciones en espacios degradados, así como los trabajos ya realizados en la comunidad. Hunosa, por su parte, aportará su experiencia en el diseño de proyectos de rehabilitación de dotaciones o infraestructuras mineras, mientras que el Instituto para la Transición Justa colaborará en la búsqueda de recursos y fuentes de financiación para el desarrollo de las actuaciones que se vayan consensuando.
El acuerdo no conlleva incremento de gastos ni supone compromisos económicos para ninguna de las partes. También se prevé la constitución de una comisión mixta de seguimiento de carácter paritario integrada por seis personas, dos por cada una de las entidades firmantes, que tendrá por tarea velar por el cumplimiento del acuerdo.
