OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado, con los votos en contra de PSOE e IU y la abstención de Ciudadanos, la toma en consideración de una Proposición de Ley del PP para modificar la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, para ampliar de 16 a 20 semanas los permisos de maternidad y paternidad, así como para acabar con la "brecha salarial" de las funcionarias madres.
En la sesión de este miércoles, tras la votación de las candidaturas presentadas para la designación de representantes en el Consejo de Administración del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), la diputada del PP Beatriz Polledo defendió su iniciativa argumentando que ambas modificaciones pretenden favorecer el incremento demográfico de Asturias, así como avanzar hacia la "igualdad real y efectiva" entre mujeres y hombres.
Polledo, que intervino después de que se informase al pleno del criterio desfavorable del Consejo de Gobierno a la modificación de la norma, incidió en la necesidad de mejorar las condiciones de las bajas y permisos por nacimiento o adopción para los funcionarios del Principado. "Es el momento de pasar de las palabras a la acción", ha remarcado, animando al resto de grupos a respaldar su iniciativa y tramitarla desde "el consenso".
La diputada del PP apuntó a 2021 como plazo de entrada en vigor de la reforma y se refirió expresamente al agravio comparativo que, señala, padecen las médicas que tienen que dejar de hacer guardias durante el embarazo o los permisos por maternidad o lactancia, con una pérdida sustancial de sus retribuciones.
Desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco adelantó su voto favorable, señalando que "el fondo es positivo aunque la forma es mejorable". Así, ha abogado por dejar de tratar la gestación como "una enfermedad" y favorecer la "no discriminación de la mujer embarazada". No obstante, ha remarcado que la iniciativa deja fuera a la empresa privada y espera mejorar en la tramitación corrija los "vacíos" legales en que podría incurrir la reforma.
Adrián Pumares (Foro) considera "imprescindible" movilizar recursos y esfuerzos para corregir el "invierno demográfico" que, dice, parece Asturias. Por ello, ofreció el respaldo de su grupo a la propuesta al considerar urgente corregir la "discriminación" salarial de las funcionarias cuando son madres.
También apoyo a la tramitación ofrecieron desde Podemos, aunque su diputado Rafael Palacios reprochó al PP su "oportunismo e hipocresía" por presentarla sin previsión económica y tras el rechazo continuado, dijo, de los 'populares' a la igualdad retributiva y la corresponsabilidad. Desde la formación morada reclaman una ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, una atención a la dependencia "justa" y una política educativa que garantice que la etapa de 0 a 3 años sea universal y gratuita.
Para Ciudadanos, la iniciativa del PP tiene carencias, poniendo hincapié en que la reforma se limita a los funcionarios, dejando fuera al resto de empleados públicos. Según ha dicho su diputado Luis Carlos Fanjul, la formación naranja se abstiene considerando, además, que es necesaria una nueva ley que se adapte a la actual situación de la función pública asturiana en lugar de modificaciones que suponen "parches".
Más firme se mostró la portavoz de IU Ángela Vallina para rechazar la iniciativa por ser similar a otra presentada por el PP en 2018 y que decayó, al tiempo que ha circunscrito el debate a la negociación colectiva de los empleados públicos, advirtiendo del incremento presupuestario que implicaría. Además, entiende que se trata de una medida "muy loable" pero lamenta que se limite a las funcionarias, en lugar de extenderse a las empleadas públicas laborales y a todas las que trabajan por cuenta ajena.
Finalmente, el diputado socialista Ricardo Suárez Argüelles ha argumentado el rechazo de su grupo a la proposición por un "fallo de forma esencial" al eludir "el derecho a la negociación colectiva" e incurrir en un riesgo de "seguridad jurídica" en la financiación de la propuesta. Para el PSOE, la proposición del PP es un "parche incompleto e incoherente en busca del oportunismo político", a la vez que criticó la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy por haber aumentado, sostiene, la precariedad y la brecha salarial.
