OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos del Principado de Asturias se han adherido al criterio de la Fiscalía asturiana, que solicita penas de hasta diez años de cárcel para los principales responsables del fraude en los cursos de formación de UGT.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, ha confirmado que seguirán "los mismos criteros" que la Fiscalía, explicando que el Principado lleva personado desde 2016 en el proceso.
Álvarez ha rechazado hacer más comentarios al respecto, destacando la posición habitual del Principado en los procedimientos judiciales de "pleno respeto" a la justicia.
La Fiscalía del Principado de Asturias divulgó el pasado 29 de enero su escrito, en el que solicitaba penas de prisión que superan los 40 años para los seis dirigentes de UGT acusados de fraude en la gestión de cursos de formación. El exsecretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.
El escrito del fiscal evidencia que tanto Rodríguez Braga, como la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una "actuación concertada" para desviar "de forma sistemática" los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones "beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical".
Según la Fiscalía, parte de los hechos son legalmente constitutivos de dos delitos de fraude de subvenciones. De estos son penalmente responsables como cooperadores necesarios el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga; Mónica Menéndez, Manuel Díaz, y María Jesús Ocaña. Para ellos cuatro, el Fiscal pide cuatro años de cárcel por estos delitos. Son considerados cómplices Alberto González y Silvia Sariego, y como tales se solicita para cada uno veinte meses de prisión.
Por otro lado la Fiscalía identifica otros tres delitos de fraude de subvenciones por los que Braga, Menéndez y Díaz, son responsables en concepto de coautores. En este concepto se solicitan otros seis años de prisión para cada uno de ellos. Se consideran Ocaña, González y Sariego cómplices y como tales la Fiscalía pide otros 30 meses de cárcel.
En total, para el exsecretario general de UGT la Fiscalía pide 10 años de cárcel, al igual que para Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para María Jesús Ocaña, la petición total asciende a seis años y cinco meses; y para Alberto González y Silvia Sariego supone una petición de cuatro años de prisión. Los seis acusados deberán hacer frente a multas que superan, en su conjunto, los cinco millones de euros.
Por último, la Fiscalía entiende que el sindicato UGT es "plenamente responsable" de haber desviado "de forma concertada" con IFES parte de las subvenciones recibidas. El sindicato debería abonar 244.028 en concepto de multa por los importes defraudados.
