Trabajadores de Alu Ibérica reprochan al Gobierno de Sánchez el retraso en sus compromisos para garantizar la actividad

José Manuel de la Uz, presidente del comité de empresa en Alcoa (Alu Ibérica)  y representantes de los trabajadores se reúnen con diputados de Podemos
José Manuel de la Uz, presidente del comité de empresa en Alcoa (Alu Ibérica) y representantes de los trabajadores se reúnen con diputados de Podemos - EUROPA PRESS
Publicado: viernes, 22 noviembre 2019 13:44

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa en Alu Ibérica (antigua Alcoa), José Manuel de la Uz, ha reprochado este viernes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez el retraso en sus compromisos para garantizar la actividad de la planta y el mantenimiento del empleo.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de reunirse en la Junta General, junto a otros representantes de los trabajadores, con miembros del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, encabezados por la portavoz Lorena Gil.

De la Uz ha incidido en el incumplimiento del compromiso del Ejecutivo de constituir una mesa técnica en septiembre para evaluar el proceso tras la compra de la planta por parte del fondo suizo Parter Capital. "No sabemos nada y estamos muy preocupados por la actitud del Gobierno", apunta.

Del mismo modo, ha explicado que se están captando clientes pero la actividad depende del arranque de las series de electrólisis, que están paradas, y que dependen de la tarifa eléctrica y los costes energéticos. "Hemos ganado tiempo pero hay que resolverlo ya", afirma, pidiendo que se resuelva la situación de "incertidumbre".

Por su parte, Lorena Gil ha calificado la situación como "preocupante" e insta al Gobierno central a tener un plan industrial de futuro e impulsar la mesa de seguimiento. "Sigue sin resolverse el problema de los costes eléctricos elevadísimos e inasumibles por parte de las industrias hiperelectrointensivas y electrointensivas", ha añadido.

Desde Podemos insisten en la necesidad de una participación pública, a través de la SEPI, con un fondo específico para sectores estratégicos; contratos de permanencia de, al menos 10 años, para empresas que reciban ayudas públicas, con régimen sancionador en caso de incumplimiento; y la creación de una empresa pública de energía, ya que consideran que los altos costes de electricidad "no se van a resolver" solo con el Estatuto para consumidores electrointensivos.

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