La defensa del dirigente político considera que el tribunal que le juzga no es imparcial
OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ángel González, ha dicho que toda la acusación contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa se basa en una "falsedad". De esta forma, en la primera jornada de juicio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha señalado que toda la argumentación del fiscal se basa en una falsa advertencia que le hizo una jefa de servicio sobre la ilegalidad de un procedimiento para contratar unos monolitos de la Memoria Histórica. "No existió tal conversación", ha afirmado el responsable político.
González ha respondido en la primera jornada del juicio a las preguntas de su abogada, Ana Boto, pero se ha acogido a su derecho de no responder al fiscal Alejandro Cabaleiro. "Me remito a lo declarado en la fase de instrucción", se ha limitado González a decir al fiscal. Boto ya había adelantado que su cliente no iba a responder a las preguntas de la acusación porque no se atendió su petición de que declarase al final del juicio.
Ángel González está acusado de un delito de prevaricación administrativa por la tramitación y ejecución de contratos menores para la compra de unos monolitos relacionados de las víctimas de la Guerra Civil, en 2010, cuando era viceconsejero de Bienestar Social.
El Ministerio Fiscal solicita para Ángel González la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación administrativa, lo que implica directamente la pérdida de su condición de miembro electo de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), así como la imposibilidad de presentarse a ningún tipo de elección o ser nombrado para puerto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública.
Junto a González también está siendo juzgado Roberto Moro, que era en la época de los hechos secretario general técnico. Para Moro, el fiscal pide cinco años de inhabilitación especial, como cooperador necesario del mencionado delito.
En sus respuestas ante su abogada, Ángel González ha rechazado el escrito del fiscal y ha insistido en que a él nadie la advirtió de ilegalidad alguna. Ha recordado que todo se remonta a un acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas para aplicar la Ley de Memoria Histórica. A partir de ahí, ha comentado, se tomó la decisión en la Consejería, entonces gestionada por IU, de instalar una serie de monolitos en recuerdo de víctimas de la Guerra Civil por todo el territorio nacional.
Pero más allá de esa decisión, González se ha mostrado ajeno a cualquier tipo de cuestión técnica o regularidad administrativa. "No era mi objetivo decir a nadie lo que tiene que hacer desde el punto de vista técnico", ha señalado.
De esa forma, ha querido salir al paso de las acusaciones del fiscal, quien afirma que llegó a discutir con la jefa de servicio de la consejería que ponía reparos a la manera de tramitar el contrato porque Ángel González quería hacerlo pronto.
"No es cierto que hubiera prisa", ha manifestado el dirigente de IU, que ha explicado que ya contaba con los recursos. Y ha señalado que si alguien le hubiese dicho que la contratación podía ser ilegal, automáticamente habría pedido un informe al respecto. "Yo tenía plena confianza en todos los funcionarios", ha manifestado.
Ángel González ha negado también que hubiese encargado a una empresa que presentase un presupuesto para una adjudicación de un contrato menor de obras para la entrega y colocación de los monolitos, con el presupuesto de otras dos empresas, tal y como sostiene Fiscalía.
"No ordené a nadie ni pedí nada a empresarios", ha señalado, alegando que él no se ocupaba de eso, porque no era jefe de servicio. Sí ha reconocido que comentando el asunto de los monolitos con miembros del Gobierno y de la Consejería, tuvieron constancia de la existencia de una empresa que los hacía. Le pidieron información en el verano de 2010.
La Fiscalía empezó a investigar este caso a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas. Ángel González se ha quejado de la "indefensión" en la que ha estado en el proceso, porque nadie le alertó en aquel momento de la existencia de aquel informe. "Podríamos haber formulado alegaciones y explicar las cosas desde el principio", ha manifestado. Preguntado sobre si creía que alguien le había 'hecho la cama' ha respondido que "no me atrevo a afirmar que haya sido una operación orquestada".
CUESTIONES PREVIAS
La vista ha comenzado pasadas las 10.00 horas, pero no fue hasta las 12.30 horas cuando el portavoz parlamentario de IU comenzó a declarar. Ese tiempo lo utilizaron las defensas, la acusación y el tribunal a intentar resolver sus diferencias en las cuestiones previas.
La defensa de Angel González ha pedido la libre absolución de su defendido. A su entender, el proceso además debería ser anulado por diferentes cuestiones, como "inexplicables irregularidades procesales" que dan lugar a "lógicas suspicacias". La abogada, Ana Boto, ha señalado que su defendido, cuando firmó las resoluciones desconocía la "desastrosa tramitación administrativa previa".
La instrucción, ha considerado, está "viciada" y ha criticado que el fiscal haya recurrido al testimonio de funcionarios como testigos y no como imputados. Una de las anomalías, ha señalado, es que no recibió una prueba documental, motivo por el cual se suspendió la vista durante un cuarto de hora, para poder consultarlos.
"Dudo que estuviésemos aquí si este asunto no afectase a la Ley de Memoria Histórica", ha comentado Boto luego. Pero las críticas de la abogada no quedaron ahí. El presidente de la sala es el también presidente del TSJA, Ignacio Vidau, acompañado de los magistrados María José Margareto y Alejandro Criado.
La abogada de González ha puesto en duda la imparcialidad de este tribunal, dado que ya ha entrado en contacto con las pruebas en la fase de recursos, de forma que es un tribunal juzgador después de serlo de apelación. "Se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial", ha manifestado la abogada.
El propio Ignacio Vidau ha rechazado esa afirmación de Boto y ha dicho que en la fase de los recursos no se ha entrado al fondo del asunto, porque no era necesario. También ha negado la pretensión de Boto para que González declarase el último, argumentado que el orden establecido es "el tradicional" en un proceso penal.
Para el fiscal Alejandro Cabaleiro, la pretensión de la letrada de retrasar el testimonio de González se debe a las "contradicciones" en las que González ha caído en la fase de instrucción. "Es lógico que la defensa quiera que declare el último, una vez oídos todos los testimonios y vistas las pruebas, para que no vuelva a caer en contradicciones, pero aquí estamos para buscar la verdad objetiva", ha indicado.
También ha defendido la manera de proceder de Fiscalía de tratar como testigos a funcionarios durante la investigación. Esa fórmula, ha dicho, ofrece "más garantías", porque están obligados a decir verdad. En el caso de González y Moro, el fiscal detecta, tras la instrucción, un "plus de antijuridicidad".
