El porcentaje de sancionados sobre controlados fue del 19,2%
SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 4,92 por ciento de los 6.316 solicitantes de pagos directos y beneficiarios de una de las ocho medidas de desarrollo rural registrados en Cantabria, lo que supone un número de 311, fueron sometidos en 2008 a controles sobre el terreno y de ellos, 60 fueron sancionados, con lo que el porcentaje de sancionados respecto a los controlados sobre el terreno es del 19,29% y el de sancionados respecto del total de solicitantes es del 0,95% en ambos casos, superior a la media que es del 12,28 y el 0,33% respectivamente.
Así consta en un informe del FEGA, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se evalúa la aplicación en España de la Condicionalidad, una serie de obligaciones para determinados beneficiarios de ayudas, concretamente solicitantes de pagos directos (desde el año 2005), beneficiarios de determinadas ayudas al desarrollo rural (a partir del año 2007) y perceptores de ayudas al arranque, reestructuración y reconversión del viñedo (a partir del año 2010).
Del número de sanciones aplicadas en Cantabria, el 63,3 por ciento, lo que equivale a 38, lo fueron por negligencia en un sólo ámbito, mientras 22 lo fueron por negligencias en más de un ámbito (3); incumplimiento intencionado (1), o repetición (18).
El mayor número de sanciones, 48, se produjeron en los controles llevados a cabo fuera del ámbito de la muestra de Condicionalidad en virtud de la normativa sectorial para la aplicación de la legislación relativa a los actos y las normas o a partir de la información notificada por autoridades competentes en materias que afectan a la Condicionalidad.
Los agricultores sancionados (exceptuando los reiterados e intencionados) fue de 41, de los que 18 lo fueron entre los seleccionados mediante análisis de riesgo y 23 en muestras aleatorias, es decir, seleccionadas al azar.
Fruto de estos controles, las cantidades recuperadas o los importes de las reducciones por condicionalidad ascendieron en la comunidad autónoma a 8.234 euros, de los que 6.080 euros corresponden al primer pilar y representa el 0,02% de los 40.008.511,22 euros pagados, y 2.154,02 al segundo pilar, también el 0,02% de los 8.998.672,06 euros pagados.
CONDICIONALIDAD
En España se aplica la Condicionalidad a partir del año 2005 y desde entonces se viene elaborando un informe que evalúa su aplicación, en base a los datos obtenidos en los controles correspondientes. Estas obligaciones o exigencias de la Condicionalidad, son los denominados Requisitos Legales de Gestión (RLG) y Normas (N) que tienen relación con la seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales, el respeto hacia el medio ambiente y el mantenimiento de las tierras dedicadas a la agricultura en buenas condiciones agrarias y medioambientales. El incumplimiento de los RLG o Normas trae consigo la reducción o anulación de los importes de las ayudas solicitadas.
Los resultados se han obtenido a partir de la información remitida al FEGA por las Comunidades Autónomas y enviada posteriormente a la Comisión europea, dando así cumplimiento a lo establecido en la normativa comunitaria sobre notificaciones.
A nivel nacional, sobre los 965.526 solicitantes, tanto de pagos directos como de las medidas de desarrollo rural, se realizaron controles sobre el terreno a 26.218 solicitantes (2,71 %), lo que supone un incremento respecto al año 2007 en el que se efectuaron 18.940 controles (2,10 %). El número de solicitantes sancionados, 6.097, es sensiblemente mayor al del año 2007.
Las comunidades autónomas en las que se detectó un mayor porcentaje de solicitantes sancionados en relación con el número de solicitantes controlados son la Comunidad Valenciana, La Rioja y Asturias, mientras las que tienen un porcentaje menor de sancionados respecto a los solicitantes controlados son Castilla y León, Navarra y Extremadura.
