Méndez reitera su petición al Gobierno para que anule este concurso que adolece de "graves irregularidades" y exige "más transparencia"
SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La diputada socialista, Ana Isabel Méndez, ha vuelto a denunciar que la Consejería de Presidencia y Justicia "oculta" información sobre el concurso público de atención a víctimas de violencia de género, que se convocó en noviembre y que ha estado acompañado de "graves irregularidades" desde su inicio.
Irregularidades denunciadas en su día por los socialistas y que, según explicó, tienen que ver con el hecho de que incluso antes de que se cerrara el plazo para que las empresas y entidades presentaran sus ofertas, una empresa colgaba ya ofertas de empleo para esos servicios en la página web www.empleacantabria.com, dependiente del Gobierno Regional, servicios que no habían sido adjudicados formalmente.
En un comunicado, Méndez recordó que, posteriormente, ha habido otras empresas que se presentaron al concurso y que, sin estar adjudicado, han seguido presentando ofertas de empleo. "Hemos solicitado reiteradamente información al Gobierno sobre la empresa que ha publicado las ofertas de empleo porque creemos que hay irregularidades graves, pero existe una opacidad absoluta y desde el 6 noviembre que pedimos la información seguimos sin contestación", apuntó.
En este sentido, criticó que el Gobierno y la consejera de Presidencia "se niegan a entregarnos dicha información", algo que "hace sospechar" a los socialistas que existen "graves irregularidades" detrás de este concurso, que posteriormente "incluso se han vuelto a repetir".
Además, advirtió que entre los profesionales del sector existe el "rumor" de que el concurso está ya adjudicado a pesar de que en la página web del Gobierno no aparezca esta adjudicación. "Lo que nos hace suponer que se está tratando de ocultar lo que está ocurriendo", denunció.
"Está en juego la atención a las víctimas y la calidad de dicha atención y del servicio que se les va a prestar. Lamentablemente, nos encontramos ante un concurso que nació ya manchado por estas irregularidades y que además se convocó solamente para ser adjudicado a la empresa que diera la oferta económica más baja, sin atender a criterios de calidad y experiencia, lo que ha supuesto que se cierre la puerta a las organizaciones sociales expertas que venían haciendo esta labor en Cantabria. Todo ello nos hace insistir en que se anule el concurso, nos obliga a seguir vigilantes y exigir nuevamente al Gobierno toda la información", concluyó Méndez.
