Otros dos acusados, hermano y sobrino del promotor, aseguran haber cobrado por los trabajos que realizaron
SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El promotor de la urbanización La Esprilla en Igollo (Camargo), MA.I de la R., acusado por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en relación a ella, ha asegurado que el Consejo Rector de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización La Esprilla, la cual presidía, "siempre sabía" lo que él hacía y conocía "todos los pagos" que se realizaban a las empresas para ejecutar los chalets.
Así lo ha asegurado este lunes en la primera sesión del juicio, el promotor de esta urbanización, en la que se proyectaba la construcción de 117 chalets en una finca adquirida por la empresa Proinsa pero que buscó MA.I de la R., que lleva dedicado 40 años a la promoción de viviendas.
Según ha declarado en el juicio, en el que hay siete acusados, aunque sólo cuatro por parte de la Fiscalía, fue la empresa Herreros & De la Fuente la que realizó un plan de viabilidad sobre esta urbanización, que incluía todos los costes en base a los datos que él le proporcionaba tras pedir presupuestos a empresas que deberían realizar los proyectos, estudios y trabajos necesarios para sacarla adelante. Ha admitido que algunas de estas empresas eran de su propiedad, como la gestora Ostende, o de familiares suyos, entre ellos, su hermano, JL.I. de la R., o su sobrino, JL.I.V. también acusados en este juicio.
La Fiscalía pide para MA.I de la R., acusado por un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil; y para JL.I de la R. y JL.I.V, a los que se les imputa por apropiación indebida y falsedad documental, cinco años de prisión para cada uno.
La otra acusada por la fiscal es la esposa de MA.I de la R., BA.G.F., que era ama de casa fundamentalmente pero se dedicaba a "acompañar" a su marido en sus gestiones, le llevaba y atendía la correspondencia y el teléfono, y emitió y cobró una factura a su nombre de 6 millones de pesetas a la Comunidad de Propietarios La Esprilla por ello aunque ha asegurado que se está enterando ahora de los problemas con la Comunidad.
La Fiscalía acusa a estas cuatro personas de haber cobrado facturas falsas por un total de 571.000 euros por trabajos que no se realizaron o que no costaban lo que se pagó, a la Comunidad de Propietarios, que presidía MA.I de la R., y de la que era representante legal junto a un Consejo Rector.
En su declaración, el promotor ha explicado que cada disposición de fondos de la Comunidad de Propietarios necesitaba ser autorizado y avalado con cuatro firmas de los miembros del Consejo Rector, algo que, según ha dicho, al menos "él sepa sí" se cumplió.
Además, ha negado, a preguntas de la fiscal, que se vetara a algún propietario de las futuras viviendas a entrar en la Junta Rectora de la Comunidad, que, según ha dicho, no tenía un número limitado de miembros. "El que quisiera podía ser, lo que pasa es que la mayoría de la gente lo que no quiere es ser", ha afirmado en el juicio, que durará previsiblemente toda la semana.
MA.I. de la R. ha explicado que él no se encargaba de de recabar las firmas ni de guardar toda la documentación sobre la urbanización y tampoco "se metía" en la contabilidad de la Comunidad, ya que todo ello eran tareas, según ha dicho, de Herreros & De la Fuente.
Por eso, ha asegurado que él no tenía informes o estudios de corriente eléctrica o de seguridad de obra que, supuestamente, realizaron y, sí cobraron, sus familiares. Ha afirmado que esos documentos "bailaron mucho" pero ha señalado que debería tenerlos Herreros & De la Fuente "si no los han hecho desaparecer".
75 MILLONES DE PESETAS PARA EMPRESAS DEL PROMOTOR
Además, a preguntas del fiscal, el promotor de la urbanización ha admitido que cobró 75 millones de pesetas a través de su empresa, Gestora de Comunidades Ostende, en tres facturas y ha explicado que, aunque las tres se emitieron por el mismo concepto --intermediación en la gestión de un préstamo hipotecario con el Banco Santander de 700 millones que hubo que solicitar para la obra-- lo que se incluía en ellas no era únicamente eso, sino "toda la organización" y gestiones que llevó a cabo para que la urbanización llegara "a buen fin".
Para la construcción de los chalets, se firmó en 1999 un contrato con la empresa Teconsa, del mismo grupo que Proinsa, propietaria de los terreros, por casi 1.735 millones de pesetas, que fue incrementado en más de 37 millones de pesetas en marzo del año siguiente, algo que el acusado ha achacado a cuestiones técnicas porque la urbanización de la zona fue "más complicada" de lo que se pensó inicialmente.
Sin embargo, ha asegurado que en el contrato con Teconsa estaba contemplada la posibilidad de incrementos y ha señalado que informó al Consejo Rector de esa subida antes de autorizarla. Además, ha explicado que fue el único incremento que aceptó ya que al resto se opuso, motivo por el que considera que la constructora quiso dejarlo fuera ya que "no le interesaba" que él estuviera.
TRABAJOS REALIZADOS Y PRESUPUESTADOS
En la sesión de este lunes, han declarado el resto de acusados, entre ellos JL.I de la R., hermano del promotor, y su hijo JL.I.V, que han asegurado haber llevado a cabo a través de sus empresas los trabajos e informes que se presupuestaron, aunque de algunos, según la Fiscalía, no constan documentalmente.
Así, JL.I de la R. cobró casi 61.000 euros, entonces más de 10 millones de pesetas, por un estudio de corriente eléctrica y proyección de acometida que realizó su empresa, Esmi Cantabria, y su sobrino 31.348 euros por un proyecto de seguridad para la obra y derechos de visado de dicho estudio. Además, ambos eran socios de la Gestora Ostende, que llevaba MA.I de la R y de la que tenían un 5 por ciento cada uno, aunque han asegurado no haber cobrado beneficios y sólo usarla para coger trabajos de las promociones que sacaba.
El sobrino ha negado que los precios estuviesen inflados de forma desmesurada, como asegura la fiscal, y JL.I de la R, ha asegurado que "jamás ha subido una peseta de todos los presupuestos que he hecho" y ha opinado que su hermano se "juntó" con familiares o personas "de confianza" para realizar los trabajos a sus familiares "para que no le engañen" como, a su juicio, ocurrió después.
En el juicio, que continuará este martes a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, también ha declarado como acusados otras tres personas que sólo están acusados por una parte de la acusación particular y que han negado su implicación en los hechos.
Entre ellos está AH.V., mujer de JL.I. de la R, que ha asegurado que, a pesar de tener el 50 por ciento de Esmi Cantabria, "nunca ha participado en nada"; D,I.G, que ha afirmado que nunca facturó nada a la Comunidad de Propietarios La Esprilla, y MM.A, que ha asegurado haber emitido a esta comunidad facturas por trabajos que realizó la empresa de su ahora exmarido.
