Fiscalía y acusación particular rebajan la pena a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual
SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Isidro A.M.V. ha reconocido hoy en la Audiencia Provincial que abusó sexualmente de la nieta de su pareja desde que esta tenía seis años, hasta el punto de que a los once años se quedó embarazada y se la practicó un aborto. Los abusos comenzaron en Ecuador y se repitieron luego, ya en España.
El acusado ha respondido afirmativamente a las preguntas del Ministerio Fiscal, por lo que esta parte, la acusación particular y su defensa optaron por no plantearle ninguna más, durante el juicio celebrado hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Así, el Fiscal decidió rebajar su petición de pena, que en principio era de 15 años de prisión por cada uno de los 30 delitos de violación que se imputaban al acusado. En lugar de eso, reclama ahora 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual.
Esa era la tesis inicial de la acusación particular, ejercida por los padres de la menor, si bien la pena era mayor, de 22 años y medio de prisión. Tras la admisión de los hechos por parte de Isidro A.M.V., se reduce la petición a 15 años.
Además, se retira el delito de aborto en grado de tentativa, del que también se le acusaba, y por el que antes del juicio se pedía dos años de cárcel, por, según describía la acusación en su escrito, obligarla al descubrir el embarazo a saltar a la cuerda, tomar pastillas, así como echarle agua con una manguera con mucha presión en el vientre y darle puñetazos en el vientre.
Las penas del Ministerio Fiscal y la acusación particular también incluyen una indemnización de 100.000 euros y 32 años de alejamiento del acusado y prohibición de comunicar con la menor, que ahora tiene 12 años.
La defensa del acusado negaba inicialmente los hechos, por lo que pedía la absolución del acusado. Tras la admisión de los mismos por parte de Isidro A.M.V., esta parte pide que se le imponga la pena mínima posible para estos delitos.
Además, plantea que, dada la condición de extranjero no residente del acusado, de nacionalidad dominicana, cumpla tres cuartas partes de la pena en España y luego sea expulsado del país.
AGRESIÓN SEXUAL
Los hechos que ha reconocido el acusado son, según lo descrito en el relato del Ministerio Fiscal, que el acusado Isidro A.M.V., de nacionalidad ecuatoriana, inició en el año 2003 en su país una relación sentimental con la abuela de la víctima, cuando ésta tenía seis años de edad.
En aquella época, en la que residía en Ecuador, el procesado, aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas con la nieta de su pareja, abusaba sexualmente de la niña, a la que conminaba a no contar nada porque si no le haría daño a ella o a su familia.
Según el Fiscal, esta situación se mantuvo hasta que la menor tuvo nueve años de edad, momento en el que el acusado consiguió mantener una relación sexual completa con la pequeña, que cuando tenía algo más de diez años, hacia noviembre de 2006, se trasladó a España para reunirse con su madre.
En julio del año 2007 la abuela de la niña y el acusado se trasladaron también a España. Como la madre de la menor había tenido otro hijo, ésta solicitó la ayuda del acusado para cuidar al recien nacido cuando ella se iba a trabajar, a lo que el imputado accedió, yéndose a vivir a casa de ésta.
Aprovechando esta circunstancia, durante los meses de junio, julio y agosto de 2008, el acusado retomó los abusos sexuales hacia la menor cuando se encontraba a solas con ésta, violándola prácticamente todos los días y, en cualquier caso, en más de 30 ocasiones distintas.
A consecuencia de ello, y cuando sólo tenía 11 años, la niña se quedó embarazada, practicándole un aborto a finales de agosto del año pasado, al percatarse las unidades médicas del hospital Sierrallana de Torrelavega del estado de gestación de siete semanas en que se encontraba la menor, derivado de la agresión sexual no consentida a que estaba siendo sometida por el procesado.
A su vez, éste, conociendo el estado de embarazo de la víctima, y con el fin de eludir la responsabilidad que le pudiera corresponder por ello, se marchó precipitadamente, si bien fue detenido el 28 de agosto del año pasado, estando desde entonces privado de libertad.
Según señala el escrito del Fiscal, además de soportar la intervención quirúrgica que le fue practicada para poner fin al embarazo, la menor ha tenido que ser sometida a tratamiento psiquiátrico para superar la "desviada educación sexual a la que ha sido sometida por el procesado, así como la incapacidad en que se encontraba para salir de la explotación sexual de que estaba siendo objeto por el temor a sufrir algún mal de los que le anunciaba el procesado".
La acusación particular añade que como consecuencia de estos hechos, la menor presenta una "conducta desorganizada" que se manifiesta con desobediencia, trastornos del sueño, pesadillas sobre los hechos, descenso del rendimiento escolar, tristeza, miedo, y reacciones impulsivas y autolesivas.
