El constructor declara que ofreció a Revilla poner a un empleado suyo como guardaespaldas
SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El empresario Miguel Ángel Iglesias, apoderado y principal accionista de Orbovisa, ha declarado hoy ante el juez instructor que fue informado por "técnicos" de "la Consejería de Obras Públicas" y Vivienda a "principios de mayo de 2005" de que en la zona de El Bojar "el Gobierno pensaba hacer allí un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional)", cuando todavía no se había hecho público.
Así viene recogido textualmente en la declaración realizada hoy por Iglesias, durante espacio de casi tres horas, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), como testigo en la querella por injurias y calumnias presentada por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, contra el presidente del PP regional, Ignacio Diego, por vincular la declaración del PSIR de El Bojar, donde se construirán un millar de viviendas sociales, con un beneficio a dicho constructor, por ser "amigo" del presidente.
En la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, Iglesias reconoció que "el suelo de El Bojar lo compró a últimos de mayo de 2005 en documento privado, una vez que se informó en la Consejería de Vivienda", a principios del mismo mes, de que "se pensaba hacer allí un PSIR", si bien en ese momento, el declarante "desconocía lo que era un PSIR".
En este sentido, el primer documento que ha trascendido públicamente sobre la tramitación del PSIR en El Bojar, que comprende terrenos de Bezana y Camargo, tiene sello de enero de 2006, y se trata de una memoria justificativa sobre la necesidad de declarar esta figura urbanística, remitida al documento de Camargo.
Sobre las personas que le dieron esa supuesta información privilegiada, Iglesias aseguró que se trataban de "dos técnicos de la Consejería, en concreto un arquitecto y un abogado", los cuales "cree que los dos se llaman Enrique". "Ellos, al ver el lugar al que se refería, le dijeron que el Gobierno pensaba hacer allí un PSIR", continúa la declaración del empresario, quien lleva "treinta años en la promoción".
"TENÍA INTERÉS EN HACER VIVIENDAS SOCIALES"
Iglesias aseguró también ante el juez instructor, el magistrado Santiago Pérez Obregón, que él realizó personalmente toda la operación de compra, si bien el beneficiario era la empresa Orbovisa, de la cual posee "más del 50 por ciento de las acciones", porque "tenía interés en hacer viviendas sociales".
Además, aseguró que "pagó exactamente lo que le pidió el vendedor", unos "900 millones de pesetas", (unos 5,40 millones de euros), por "103.000 metros cuadrados" de terrenos de El Bojar, compra que se realizó a finales de mayo de 2005, reconociendo ante la Comisión Judicial en un mapa del PSIR proyectado, de fecha de noviembre de 2005, que "de lo que compró no le queda nada fuera del PSIR, excepto la parte de abajo".
A preguntas de las partes, Iglesias afirmó que esos 103.000 metros cuadrados adquiridos, en territorio íntegramente de Camargo, eran "rústicos", municipio cuyo "Plan General" desde "hacía años estaba siendo objeto de una revisión".
"El declarante comentó que quería que se cambiara la calificación mediante modificación puntual, pero todavía se mantenía la calificación de rústico", recoge la copia de la declaración, y como "el Plan General de Camargo no salía adelante", él "no podía esperar nada del Ayuntamiento, y es claro que todos los políticos quieren hacer viviendas sociales para ganar votos".
Además, reconoció que "uno de sus socios es aparejador contratado por el Ayuntamiento de Camargo", y que no realizó el desembolso del importe de los terrenos en una vez, sino un "10 por ciento" en mayo, y otro "10 por ciento" a "los seis meses", hablando "en una ocasión" entre este intervalo con "los dos técnicos, los dos Enriques, y luego otra vez más", y "le dijeron que el Proyecto PSIR seguiría adelante, pero que nunca habló con el consejero".
Sobre este punto, el constructor suscribió "cinco contratos" con otros tantos propietarios, los cuales "sabían que el Gobierno había comprado un terreno pero no sabían la existencia del PSIR", Proyecto Singular que primero "era más pequeño y luego se ha ido ampliando".
Iglesias indicó que "no ha facilitado a nadie de la Consejería de Vivienda los nombres de los socios de su empresa, y, en concreto, el del alcalde de Ramales, José Domingo San Emeterio, pero que esos datos los conocían cualquiera de los socios de Orbovisa".
Así, Iglesias precisó que la empresa Orbovisa tiene su domicilio social "en Madrid", lo que "era mejor" porque "iba a entrar como socio José Domingo San Emeterio, que es alcalde del PP de Ramales, y no quería que se supiera".
RELACIÓN CON REVILLA
Respecto a su relación con el presidente regional, el constructor informó a Pérez Obregón que "es cierto que después de haber tomado posesión, el Señor Revilla, y tras unas manifestaciones efectuadas en relación con ETA y dada la vehemencia con la que se manifestaban y ante su negativa a tener protección oficial,", Iglesias le pidió a "un empleado suyo, "Julio Núñez", que "estuviera un poco pendiente de la seguridad del señor Revilla".
No obstante, "en cuanto" Revilla se enteró, le dijo a dicho empleado "que se fuera" e incluso "le echó una bronca", con lo que "en realidad no actuó más que unas horas y que fue en el restaurante Sixtina".
Además, Iglesias indicó que en una de las visitas del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Santander, él estuvo presente en la comida, y le "encargaron que llevara anchoas del Capricho para regalar al Gobierno de Cantabria", si bien esta empresa "es de su hermano, y que cuando llegó, estaban ya comiendo, y el duelo de La Sixtina le dijo que se quedara".
No obstante, aseguró que "nunca se le ocurriría pedir ni hacer un favor al señor Revilla ni al señor Mazón porque los perdería".
Fue un fin de semana que se encontraba en Orense, cuando "le avisó su cuñado de que salía en la prensa los comentarios sobre este asunto", por lo que Iglesias llamó "al móvil del señor Revilla, y habló con él para comentar este hecho, diciéndole que no sabía qué pasaba y que no entendía nada y que sigue sin entenderlo".
Tras salir de las dependencias judiciales, a las 12.55 horas, Iglesias declinó hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación presentes, mientras que la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, explicó que se han adjuntado más pruebas y petición de nuevas diligencias, que tendrán que valorarse antes de tomar una decisión sobre si se archiva la querella, o ésta continúa su trámite.
