La asociación critica que el consejero de Obras Públicas "no cree" en la ordenación del territorio y "le sobra" el POL
SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista Arca pidió hoy la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José María Mazón, por "modificar de forma encubierta" el Plan de Ordenación del Litoral (POL) a través de medidas como la modificación de la Ley del Suelo para permitir la rehabilitación de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
En rueda de prensa, el presidente de Arca, Gonzalo Canales aseveró que Mazón "no cree en la ordenación del territorio" y que el POL es una norma que "le sobra". Además, denunció que Mazón "no sanciona" en las zonas afectadas por el POL, donde se están produciendo "incumplimientos" de esta ley con la ejecución de "obras ilegales"
El Gobierno de Cantabria ha presentado en el Consejo de Ordenación del Territorio una Guía para la elaboración de catálogos de edificios en suelo rústico, dirigida a los Ayuntamientos y como desarrollo de las medidas legislativas incluidas en la última modificación de la Ley del Suelo.
Según explicó Arca, de esta guía se desprende que es "un documento hecho a medida de los intereses de los alcaldes y los caciques locales", que "da más poder de decisión a los Ayuntamientos", quienes son, para los ecologistas, "el germen de la corrupción urbanística que arruina el país".
Gonzalo Canales detalló que los planes del Gobierno con esta guía, que deberá aprobarse en un decreto, suponen que sean los Ayuntamientos los que decidan que edificios rústicos podrán rehabilitarse y cuales no, por lo que opina que se deja a la "ambigüedad y arbitrariedad" de los municipios.
Una vez elaborado el texto, lo remitirán a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Si este órgano no responde en tres meses, se entenderá que los catálogos municipales quedarán aprobados.
Para Arca, este silencio positivo implica que, en el momento en que varios ayuntamientos remitan a la vez sus catálogos de edificaciones, la CROTU no tenga "capacidad" para estudiarlos y se puedan aprobar pasado el plazo de tres meses, al entender la falta de respuesta como una aprobación.
CABAÑAS AL MERCADO INMOBILIARIO
El presidente de la asociación precisó que este catálogo establece tres niveles de protección: valor arquitectónico, valor histórico y valor etnográfico.
En el primer caso se incluyen edificios como torres medievales, edificios nobles o religiosos, donde se permite la ampliación de superficie, lo que conlleve que se "desfiguren" inmuebles con "valor notable".
En cuanto al valor histórico, se refiere a las casas de personajes ilustres, escuelas, etc, en los que este catálogo deja que se abran huecos y se amplíe la superficie en un 20%, una "brutalidad" que perjudica a la conservación del patrimonio.
Y en los encuadrados bajo la categoría de valor etnográfico, como cabañas, invernales, y este tipo de edificios, "se permite prácticamente todo", con la alteración "total" de fachadas, apertura de huecos, etc.
Esta medida es, para Arca, la "puntilla" a las cabañas, ya que, alertó Canales, "se abre la puerta para convertirlas en viviendas de segunda residencia y se pierde su valor de arquitectura tradicional". El resultado será que estos edificios "entren en el mercado inmobiliario". Según recordó, sólo en la Vega de Pas existen 7.000 cabañas.
