El presidente del Cermi cree que el sistema de autonomía personal "está cerca" de ser "fallido" y necesita "un rescate"
SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, impulsora del Observatorio Estatal para la Dependencia, Ángel Parreño, ha pedido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla" el Pacto de Estado por la dependencia que firmaron todos los partidos políticos en 2016, excepto el PP y el PNV.
Así, opina que es "obvio" que si "se comprometieron" entonces, "ahora tiene que cumplirlo" porque España vive un estado de "emergencia social" en este sentido consecuencia de la crisis económica, ha dicho en su intervención en el 'Encuentro Ernest Lluch. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la encrucijada: panorama actual y miradas de futuro', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
De esta forma, Parreño ha recordado los cinco puntos del pacto. En primer lugar, revertir los recortes producidos en 2012; en segundo término, acabar con el "limbo" en el que están las personas con el derecho reconocido a recibir una prestación, pero que no la reciben --son 300.000, tal y como ha concretado--; el tercer punto era iniciar una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer un modelo "estable" de financiación en función del "coste real" del sistema.
El cuarto punto trataba acerca de que cualquier modificación de la Ley del 2016 se lleve a cabo con tramitación y debate parlamentarios; y, en quinto término, el Pacto recogía que había que velar por la transparencia del sistema informando de forma "actualizada y completa".
Parreño también ha concretado que cuatro de cada diez personas que están en el "limbo" sin recibir prestaciones a las que tienen derecho son "dependientes severos", según datos del año 2017, y que las "mejoría" se da con los dependientes que "menos lo necesitan", frente a la situación de los "grandes dependientes" o "dependientes severos".
De esta forma, ha calificado de "dramático" que a una persona le digan que tiene derecho a recibir una prestación y que "no" la reciba, al tiempo que explicado que aunque se ha producido un incremento de las prestaciones, se percibe que el aumento se ha producido en prestaciones "low cost" como la teleasistencia.
"TENEMOS UN ESTADO EN FRANCA RETIRADA"
El vicepresidente de esta Asociación, que ha mencionado el "limbo encubierto" que forman las personas que tienen la solicitud de prestación a la espera de ser valorada y que "no forman parte" de las estadísticas oficiales, también ha denunciado que "tenemos un Estado en franca retirada" porque "ha llegado la guerra de la crisis (económica), han empezado a caer bombas" y el Estado "ha quitado los enfermeros".
En este punto, Parreño ha precisado que el "recorte acumulado" del Estado ha sido en los últimos años por valor de 4.598 millones de euros y que la financiación recibida por las Comunidades Autónoma para la prestación social se ha recudido en 2.703 millones de euros.
Pese a todo, ha valorado que se puede ser "optimista" porque el sistema ha demostrado una "tremenda vitalidad" en dos sentidos. El primero en el aspecto de que tiene una "tremenda capacidad de creación de empleo de calidad dirigido fundamentalmente a las mujeres" que a diferencia de una factoría de fabricación de coches "es empleo no deslocalizable", así como que se han creado en este aspecto 218.370 empleos directos vinculados al sistema.
El segundo, ha proseguido Parreño, es que el sistema ha mostrado "fortaleza" en el ámbito de los retornos económicos en IRPF, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social, de tal forma que según el informe del Observatorio en 2017, la Administración General del Estado "recupera el 39,7 por ciento de la inversión pública". Por ello, ha reivindicado que en los últimos años "el Estado español ha hecho caja, ha ingresado más de lo que ha gastado" en el sistema de atención a la dependencia".
NO SE HA CUMPLIDO LA "PROMESA CASI UTÓPICA" DE UNA "ARCADIA FELIZ"
En esta mesa redonda también ha intervenido el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, que cree que aunque el sistema de autonomía personal "no se puede considerar fallido" más de una década después de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sí está "muy cerca" de serlo y necesita un "rescate social, jurídico, político y económico".
Así, ha afirmado que esta es "al menos" la percepción de los movimientos sociales después de que no se haya cumplido la "promesa casi utópica" de una "arcada feliz" en la se iban a cubrir "gran parte" de las necesidades de las personas en situación de dependencia en términos de "suficiencia" y "amplitud".
Cayo, que ha presentado un juicio "ambivalente" de los once años de vigencia de Ley, opina que este sistema necesita este "rescate" que lo "consolide, robustezca y maximice". De hecho, considera que mientras haya "heridas abiertas y sangrantes" no se puede pasar a cuestiones que "se han insinuado", en referencia a rentas básicas o a la conceptualización de los derechos sociales como "fundamentales" en la Constitución.
El motivo es que la "herida abierta reclama" que "estemos poniendo vendas y no sabemos si estamos parando o no la hemorragia", tal como ha explicado. El presidente del Cermi, además, ha incidido en que el "maximalismo" político de "prometer demasiado" generó "frustración" al hablar del sistema como "la cuarta pata" del Estado del Bienestar y durante el despliegue de la Ley ha "preocupado" la "insuficiencia sistemática" de inversión para lograr su sostenibilidad.
De esta forma, aunque ha reconocido que la Ley de Dependencia ha tenido algunos aspectos "favorables" e "indiscutibles" --como suponer el comienzo de una cobertura pública de necesidades sociales "no atendidas" antes-- se ha referido a que en los últimos años ha habido una serie de "recortes catastróficos" y un "fracaso de la gobernanza", ya que se requería "lealtad" institucional pero, tal y como ha lamentado, lo que ha habido ha sido "reproches continuos".
