SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria contará este año por primera vez con una norma que regule sus Oficinas de Atención Ciudadana y el ejercicio de registro en la Administración, con el que se establecerá un modelo "único e integrado" de todos los servicios autonómicos de este ámbito.
Hasta el momento, la acción del Ejecutivo se había limitado a la creación del servicio y a la descripción de competencias, careciendo de la "oportuna" reglamentación de su actividad y funciones, admite al respecto.
El futuro decreto será de aplicación al conjunto de la Administración Autonómica y se adaptará a las últimas normas básicas sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico, que apuesta por las relaciones electrónicas y la eliminación de cargas administrativas.
Además de regular los derechos de la ciudadanía y las funciones propias de la atención ciudadana, el sistema por el que se distribuirá la información autonómica será multicanal y podrá ser presencial; correo postal; correo electrónico; telefónico, a través del 012, y por el Portal Institucional, en la web cantabria.es.
La organización del sistema estará formada por un servicio central, la Oficina de Atención Ciudadana, ya existente, y se prevén crear Oficinas delegadas en cada consejería y otras especializadas en materias concretas. Por último, podrá haber oficinas de atención mixtas, con el fin de ofrecer tanto información autonómica como local y comarcal.
Estos servicios actuarán como 'oficinas de asistencia' en materia de registros, lo que significa "adaptarse" a las normas estatales de procedimiento administrativo, que buscan una administración electrónica "interconectada, transparente y facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del país".
MEJORAS
En este sentido, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha afirmado que la nueva normativa ampliará "de forma notable" las funciones de las oficinas de atención ciudadana, al facilitar la realización de trámites y solicitudes sin necesidad de acudir a los registros que funcionan actualmente en las administraciones públicas.
A modo de ejemplo, el consejero ha señalado que un ciudadano que desconozca el funcionamiento de la tramitación electrónica podrá presentar ante el Ayuntamiento de Soba una determinada petición y la oficina de asistencia en materia de registro lo trasladará a los órganos competentes correspondientes, realizando copias auténticas de toda la documentación aportada y la notificación de ello.
A su juicio, las oficinas de atención ciudadana deben ser servicios que faciliten "la relación de los ciudadanos con la administración, que exigen agilidad, eficacia y transparencia".
De la Sierra ha destacado el "salto cualitativo" de las solicitudes electrónicas: en 2017 se realizaron 14.300 ante el Gobierno autonómico, frente a las 6.800 de 2016. "De ahí que esta norma busque fomentar la tramitación electrónica y dar soporte, al mismo tiempo, a aquellos ciudadanos que no dominan este sistema", ha remarcado.
OTRAS FUNCIONES
Si bien la ciudadanía podrá realizar los trámites de forma presencial, las nuevas oficinas serán también de asistencia en materia de registros y ampliarán sus funciones con servicios de digitalización de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como la documentación que las acompañen dirigidos a cualquier órgano. Esto permitirá devolver los originales al interesado.
Podrán también expedirse copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados de la documentación presentada por el ciudadano para su registro y se ejercerán labores de asistencia para el uso de la identificación y la firma electrónica en el caso de que los usuarios carezcan de los medios necesarios para estos procedimientos.
Otras funciones que asumirán las Oficinas de atención ciudadana es la de realizar notificaciones cuando el interesado lo solicite con motivo de su comparecencia o la de su representante en la propia oficina, así como la expedición de recibos que acrediten la fecha y la hora de presentación de solicitudes y otros escritos.
Para dotar de mayor seguridad jurídica a estas oficinas, la nueva norma clarifica y detalla lo que es la mera petición de información del inicio de un procedimiento administrativo y del ejercicio del derecho acceso a la información pública.
Se pondrá a disposición de la ciudadanía buzones corporativos de correo electrónico, para facilitar información general y las relaciones entre ciudadano y administración pública. La normativa actualizará a los nuevos tiempos y a los avances tecnológicos los procesos de quejas y sugerencias.
El futuro decreto, al que no se han presentado alegaciones durante el periodo de información pública, está a la espera de que se tramiten los oportunos informes jurídicos internos.
