SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Cantabria expresó hoy su "más firme condena" de la agresión sufrida por un docente del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Valle el Saja, en Cabezón de Sal, por parte de un grupo de alumnos de este centro, y pidió a la Consejería de Educación que "se deje de paños calientes" y adopte medidas "drásticas" para que estos hechos no vuelvan a producirse.
Según consideró en un comunicado el secretario general de esta Federación, Javier Ramírez, el hecho de que la agresión se hiciera fuera de las instalaciones del instituto es "un detalle irrelevante", puesto que a la víctima "se le agredió en su calidad de docente".
Ramírez subrayó que CC.OO. "ya advirtió en su día que la condena de 150 euros por la agresión al director del CEIP de Nueva Montaña podía hacer pensar a más de uno que la agresión a un docente es un hecho que puede salir relativamente barato".
En este sentido, recordó que el juicio de apelación por este incidente, que debería haberse celebrado a finales de marzo, se tuvo que suspender por la incomparecencia de la letrada de la propia Consejería, en una actitud que, subrayó, "cuando menos merecería algún tipo de explicación por parte de Educación".
En cualquier caso, Ramírez destacó que "la gravedad del hecho de la agresión al docente de Cabezón no se puede minimizar diciendo que son hechos aislados". "La frecuencia de esos supuestas hechos aislados se intensificará si no se toman medidas contundentes cada vez que surge un hecho de esta gravedad", enfatizó.
Por ello, CC.OO. reclamó que la Consejería "se ponga a la cabeza" de la acusación particular contra los agresores "para que caiga todo el peso de la ley sobre los causantes de unos hechos que, en cualquier otro ámbito, se considerarían como un delito inaceptable".
Finalmente, el sindicato insistió en que los problemas de convivencia en los centros "hay que tratarlos con medidas organizativas, formativas y de personal", porque estos hechos "no son meros problemas de convivencia sino que constituyen elementos de una violencia inaceptable en cualquier sociedad democrática que se precie".
"Las instituciones deben, sobre todo, empeñarse en proteger y reparar los daños causados a las víctimas de esa violencia", concluyó.
