SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO ha denunciado este domingo que el pliego de cláusulas administrativas del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santander "valora y puntúa" más la oferta económica que factores como la gestión o la prestación del servicio.
En un comunicado, el coordinador del sector público de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cantabria, Carmelo Renedo, ha opinado que "priorizar" el factor económico marcando un tope de precio/hora, a su juicio, "muy por debajo de los costes reales del servicio va a obligar a la futura empresa adjudicataria a tener que realizar ofertas temerarias para poder optar, de manera definitiva, al servicio y así conseguir la máxima puntuación en este apartado".
A su juicio, este pliego va a contribuir "de manera alarmante" a la reducción de horas de prestación del servicio a los usuarios y a la calidad de la prestación del mismo, un servicio público que --recuerda-- tiene un "carácter asistencial, preventivo y rehabilitador".
Y ha advertido de que esta decisión tendrá "consecuencias lamentables", tanto en las condiciones de trabajo como en los despidos de una parte de la plantilla actual compuesta por 151 trabajadores.
Renedo ha asegurado que, a la hora de elaborar el pliego, el Ayuntamiento "no ha tenido en cuenta" que la memoria técnica detalle el futuro modelo propuesto, así como las diferentes mejoras de la prestación del servicio para que eleven, de manera "sustancial", la calidad del mismo.
El portavoz de CCOO también ha criticado que este pliego sólo establece el plazo de un año, con una posible prórroga que en ningún caso superará el 31 de diciembre de 2015, cuando en otras ocasiones era de dos años con prórrogas anuales.
En su opinión, esta resolución está estudiada para acogerse a la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y para que el Gobierno de Cantabria asuma en 2016 la competencia de este servicio.
CC.OO ha señalado que la "primera consecuencia" de la citada ley es, a su juicio, el desmantelamiento de los servicios públicos, una decisión que, en su opinión, "desmiente" las declaraciones del Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP), y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
