SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La fiscalía cántabra cree que el Partido Popular debe tener la posibilidad de examinar detalladamente los libros mayores de las empresas públicas, ya que, de lo contrario, se estaría "cercenando" el control efectivo de las cuentas de dichas sociedades.
Eso es al menos lo que sostiene el fiscal Jesús Alaña en un escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en el marco del proceso seguido por esta sala a raíz de un recurso presentado por el PP el pasado mes de junio.
El portavoz del Grupo Popular, Francisco Rodríguez, y la diputada María Antonia Cortabitarte informaron hoy en rueda de prensa de la presentación del recurso y de los pasos seguidos hasta ahora por la Sala de lo Contencioso, al tiempo que facilitaron a la prensa una copia del escrito del fiscal en el que se pide que se admita el recurso y se reconozca que se vulneró el derecho a la información y la participación de los diputados.
La diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte presentó el recurso ante la negativa del Gobierno a facilitar a la Cámara los libros mayores de seis empresas públicas dependientes de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico. En concreto, reclamaba los libros mayores de Sodercan y Sican desde el año 2003, y los de las empresas PCTCAN, Genercan, Idican y Emcanta desde la fecha de su creación.
Según comentaron Rodríguez y Cortabitarte, el Gobierno ha pedido que no se admita el recurso porque, a su entender, el competente para resolver un recurso sobre derechos fundamentales de los parlamentarios es el Tribunal Constitucional. El fiscal, por su parte, propone que se admita y se reconozca la vulneración de derechos.
En opinión del ministerio público, la fiscalización de las cuentas de las sociedades públicas corresponde "a la órbita parlamentaria" y, en su caso, posteriormente, a los órganos judiciales.
Y según dice, para ello "resulta imprescindible" un examen "pormenorizado" de las cuentas, a través de los libros mayor y diario, y no bastan los documentos remitidos al Registro Mercantil, porque son sólo un "resumen de cuentas". De otro modo, asegura que "se cercena todo posible control efectivo".
Ahora, el PP espera que la Sala de lo Contencioso falle en breve, y si lo hace secundando las tesis de la fiscalía, creen que sería la primera vez que un TSJ reconoce la vulneración de derechos parlamentarios, sin tener que acudir al Tribunal Constitucional. En palabras de Rodríguez, esa sentencia "sería muy importante para la transparencia de los gobiernos de las comunidades autónomas".
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