21 de agosto de 2019
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  • 13 de septiembre de 2014

    El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Vivienda Protegida

    Diego cree que la norma dota a la comunidad de un "marco legal de referencia, flexible y adaptado a las necesidades actuales"

    El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Vivienda Protegida
    GOBIERNO DE CANTABRIA

    SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de Ley de Vivienda Protegida, una nueva norma autonómica que, en opinión del presidente regional, Ignacio Diego, dotará a la comunidad de un "marco legal de referencia en este sector, flexible y adaptado a las necesidades y demandas actuales".

    A su juicio, la Ley cubrirá una "carencia legal histórica" en esta materia, dado que Cantabria era la "única" comunidad autónoma de España que no contaba con una norma con rango de ley.

    Para Diego, la ley da respuesta a la situación del mercado de la vivienda protegida, que demanda vivienda en alquiler, y ofrece "soluciones reales" a los propietarios que, por sus circunstancias familiares o profesionales, no pueden cumplir con los requisitos de la vivienda protegida pero que tampoco pueden vender sus viviendas.

    Además, en el proyecto de Ley se establecen los requisitos de acceso a la vivienda protegida, "vinculándose al uso y no a la propiedad"; se establecen nuevos requisitos económicos, y se posibilita a los compradores de vivienda protegida poder acogerse al tipo reducido de IVA, entre otras cuestiones.

    Todo ello, con el objetivo de "movilizar el mercado y facilitar el acceso a una vivienda".

    El jefe del Ejecutivo también ha subrayado en un comunicado la "importancia" de la norma para dotar a Cantabria y a sus organismos de herramientas jurídicas "eficaces" en la lucha contra el fraude en el sector, asegurando que "las viviendas se ocupen de forma adecuada".

    También ha destacado su carácter "abierto", que, según ha apuntado, hace que la norma sirva de "referencia" y pueda adaptarse a las variaciones del mercado y ofrecer "una respuesta rápida" a los cambios normativos o económicos que puedan producirse con los posteriores desarrollos mediante decretos.

    CONTENIDO

    El proyecto de Ley regula el régimen jurídico de la vivienda protegida, el precio y la superficie máximos, recogiendo la posibilidad de que en desarrollo de políticas de vivienda se puedan proteger otros elementos de la promoción, distintos de las viviendas o fórmulas intermedias entre la vivienda habitual y la colectiva.

    Existen otros elementos como el precio de los terrenos o la duración del régimen de protección que inciden en el mercado y las transmisiones inmobiliarias.

    OBLIGATORIO DESTINAR LA VIVIENDA A DOMICILIO HABITUAL

    La nueva norma mantiene la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y otorga rango legal a las causas que pueden justificar la desocupación temporal de las viviendas por un plazo máximo de dos años (causas laborales o de estudios, enfermedad), estableciéndose la necesidad de una resolución previa que autorice dicha desocupación.

    Además, se regula la calificación de las viviendas protegidas, primer paso para que una promoción tenga dicha cualidad.

    En lo que se refiere a la descalificación de las viviendas, la ley desarrolla las "razones de interés público" que la motivan a las necesidades de política de la vivienda.

    Respecto a la promoción de viviendas protegidas, se conserva la tradicional distinción entre viviendas de promoción pública y viviendas de promoción privada.

    También se regula la responsabilidad administrativa del promotor, que es independiente de la civil, por la aparición de "vicios o defectos" que se manifiesten en los cinco años desde la calificación definitiva de la vivienda.

    MEDIDAS SOCIALES

    Además, establece el compromiso de las Administraciones Públicas con los sectores sociales "más desfavorecidos" y establece una serie de medidas específicas dirigidas a las viviendas que son de su titularidad.

    Así, se tomarán en cuenta las "situaciones problemáticas que generen morosidad o falta de pago, con el fin de evitar la resolución del contrato y el indeseado desahucio". De esta forma, la Administración Autonómica procederá a evaluar la gravedad de los impagos, y las circunstancias personales y familiares en cada caso.

    Igualmente, según el Ejecutivo, se tendrá en cuenta la situación actual de muchas familias y jóvenes que adquirieron una vivienda y asumieron hipotecas y cargas que la actual coyuntura económica de falta de empleo les impide atender, lo que ha obligado a "muchos de ellos" a abandonar la vivienda por no poder asumir los gastos que conlleva y convivir con familiares.

    TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

    En cuanto a la transmisión de viviendas protegidas, se establece un sistema de autorización, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas que sujetan la vivienda, en tanto perviva su régimen jurídico.

    Será necesaria una autorización pública para percibir cantidades de dinero a cuenta en los procesos de compraventa de viviendas protegidas antes de iniciar la construcción o durante la misma.

    Además, la comunidad autónoma tendrá derecho de adquisición preferente las viviendas protegidas mientras se mantenga su régimen de protección.

    El proyecto de Ley atiende también a la labor inspectora ya que, para garantizar su efectivo cumplimiento, se atribuye a los empleados públicos que realicen la actividad inspectora la condición de agentes de la autoridad y se les dota de las competencias necesarias para este fin.

    Se establece, asimismo, la exigencia legal del deber de información y colaboración de todas las administraciones, entidades y ciudadanos.

    La Ley regula el régimen y el procedimiento sancionador, y clasifica las infracciones en función de su gravedad en leves, graves y muy graves. En lo que se refiere a las sanciones, se establece una cuantía acorde con la gravedad de los hechos.

    El Gobierno regional ha regulado otras medidas legislativas en este ámbito a través de las disposiciones adicionales.

    Así, prevé que puedan acogerse al régimen especial del IVA los adquirentes de viviendas que cumplan las condiciones de precios e ingresos limitados.

    Además, entre otras cuestiones, se desarrollan los principios para la gestión del patrimonio público de vivienda y suelo, y la aplicación de la ley a los alojamientos protegidos en lo que no sea incompatible con su naturaleza.

    Se establece un informe preceptivo en materia de vivienda en relación con los instrumentos de planeamiento y la posibilidad de celebrar convenios que permitan que algunos de los trámites administrativos relacionados con la transmisión y disposición de viviendas protegidas puedan realizarse por los notarios intervinientes.

    Además, en un bloque normativo autónomo, no necesitado de desarrollo y aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor de la Ley, se regulan aspectos como el módulo básico autonómico, el precio máximo de venta y renta de las viviendas protegidas, los requisitos de los usuarios de las viviendas, la calificación y los ámbitos territoriales de precio máximo superior.

    ADAPTACIÓN AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

    La Ley establece la obligatoriedad de adaptación de los instrumentos de planeamiento municipal con carácter general cuando proceda su revisión pero tiene en cuenta que existen instrumentos de planeamiento que recogen las categorías de viviendas protegidas previstas en los planes de vivienda.

    Además, la Ley se completa con dos disposiciones derogatorias y cuatro disposiciones finales dedicadas al título competencial, y la habilitación al Gobierno de Cantabria para regular las condiciones de diseño y habitabilidad de las viviendas de Cantabria, y para el desarrollo de la Ley.