SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central invirtió el año pasado 10 millones de euros para la aplicación de la Ley de la Dependencia en Cantabria, una cifra que duplica a la que recibió la comunidad autónoma durante el año anterior.
En concreto, en 2007 la cantidad aportada por el Estado a Cantabria para la dependencia se situó en 5,1 millones de euros, según se detalla en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. De estos, 3,3 millones procedieron del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del IMSERSO.
Las cifras aportadas durante 2008, por un total de 10 millones de euros, se centran en los niveles de protección mínimos de dependientes, según lo acordado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
Por su parte, la comunidad autónoma contó el año pasado con un presupuesto de 87,5 millones de euros para la atención a las personas dependientes, una cifra superior en 15 millones a la que se consignó en 2007, cuando ascendió a 72,4 millones de euros.
El sistema de atención a la dependencia establece tres niveles de protección a las personas que padecen este tipo de problemas, de los cuales le corresponde al Estado financiar el nivel mínimo, mientras que los demás depende de lo acordado con las comunidades autónomas en los sucesivos convenios.
De esta forma, los dependientes de Grado III, con Gran Dependencia en Nivel 2 perciben, mediante aportaciones del Estado, una cantidad de 255 euros mensuales, y los de Nivel 1 en este mismo grado, 173,47 euros. Por su parte, en el Grado II, dependencia severa (en su nivel dos), la percepción es de 100 euros.
Esta fue la cantidad fijada en 2008. Para el año anterior, según las respuestas parlamentarias recogidas por Europa Press, las cifras procedentes del Estado y complementadas por Cantabria fueron de 250 euros al mes en el Grado III-Nivel Dos y de 170 euros en el Grado III-Nivel 1, no figurando entonces el Grado II, de Dependencia Severa.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como la Ley de Dependencia, se aprobó en la pasada legislatura, en el año 2006, y supuso la definición de un nuevo derecho, como se concibió a la posibilidad de que las personas que no pueden valerse por sí mismas, en particular, personas mayores y personas con discapacidad, recibieran la atención necesaria por parte de los poderes públicos.
La Ley creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que sirve de cauce para la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas intervinientes y para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles.
El texto contemplaba como prestaciones de atención a la dependencia tanto las de carácter económico como los servicios, si bien estos últimos tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
Entre estos servicios se encuentran la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o de noche y la atención residencial, junto a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar o asistencia personal.
