SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Javier Fernández, ha anunciado este lunes, en el Pleno del Parlamento, que antes de que finalice 2012 habrá una solución "satisfactoria" para la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo.
Ha señalado al respecto que el Gobierno regional trabaja con el Ministerio del ramo hasta agotar "todas las vías posibles" para que la citada solución alternativa permita amortizar "a lo largo del tiempo" los "enormes costes" que ha supuesto la construcción y orden de demolición de la depuradora, o que la infraestructura pueda "legalizarse".
A preguntas del PSOE, formuladas por el diputado Miguel Ángel Palacio y relativas a las responsabilidades que desembocaron en la sentencia del TS, el coste de ejecución de este fallo y las gestiones para garantizar las condiciones ambientales en el saneamiento del Besaya, Fernández ha indicado que se imagina que los plazos para exigir responsabilidades en torno a este proyecto, que se inició en el año 1996 y concluyó en el 2001, "ya habrán transcurrido".
En cuanto a la sentencia, y tras reiterar el respeto a la misma, el consejero ha expresado su convencimiento de que la instalación debe estar "a pleno rendimiento" mientras no haya una "alternativa". Así, a su juicio, debe seguir funcionando "al cien por cien" porque, en caso contrario, se produciría una "catástrofe ecológica". De ahí que Ejecutivo y Ministerio estén "buscando fórmulas" que no impliquen su "demolición inmediata".
Sobre los costes del proyecto, Fernández ha señalado que la construcción en su momento rondó los 30 millones, pero ha puntualizado que en la actualidad sería "tremendamente costoso", al igual que la ejecución del derribo de un proyecto que ha calificado como "referente" y para el que, ha insistido, se va dar una solución "coherente".
Por su parte, Palacio ha indicado que Vuelta Ostrera es "un problema heredado" que data de la época del ministro Jaume Matas, un "personaje" imputado por diversos delitos relacionados, según ha citado, con la corrupción, el fraude, o la prevaricación.
También ha criticado que con la llegada del PP al Gobierno regional se quiera "romper" el acuerdo que existía entre las partes implicadas en el proceso judicial de la depuradora, cuya sentencia de demolición obedece a un recurso promovido por la asociación ecologista Arca.
DEUDA MARE CON AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA
Fernández y Palacio también han debatido sobre las deudas de la empresa pública MARE con el Ayuntamiento de Torrelavega y las previsiones de pago, deuda que el socialista ha cifrado en dos millones de euros, mientras el consejero ha negado que exista cuantía pendiente de pago alguna.
Sin embargo, el diputado del PSOE ha argumentado que si el Gobierno "favorece" a través de MARE a los consistorios que "no pagaron" por sus servicios, debe favorecer también a los que sí "pagaron", y que ha cifrado en un total de 28, incluido el de Torrelavega.
En este sentido, ha apuntado que si al Ayuntamiento de Santander se le concedió un crédito de 6 millones "a fondo perdido", con el que se le ha "regalado" cuatro millones mientras que los otros dos son "a pagar en diez años", MARE debe al de Torrelavega "dos millones de euros", para que exista así un trato "de igualdad" hacia "todos" los consistorios.
Frente a ello, Palacio ha tildado de "vergonzoso" beneficiar a los ayuntamientos "morosos" en detrimento de los que han pagado a MARE "religiosamente". Por ello, ha pedido al consejero un acuerdo con estas 28 administraciones locales que "compense" el trato de igualdad, y que considera una forma "justa" de acabar con el "conflicto" de la deuda de la empresa pública con los ayuntamientos.
En su turno de réplica, Fernández ha opinado que lo que es "vergonzoso" es el hecho de que MARE gastara 11 millones la pasada legislatura en publicidad, cuantía que supera la suma de las nóminas de esta empresa a lo largo de un año.
PAGO A LOS SUBCONTRATISTAS
Por otro lado, PP, PRC y PSOE han votado a favor de la proposición no de ley consensuada por los tres grupos parlamentarios para analizar la viabilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas.
La iniciativa, respaldada por unanimidad, persigue acabar con los incumplimientos de pago de las grandes empresas adjudicatarias y mantener la actividad en el sector y los puestos de trabajo. Se trata de una petición "justa y lógica", según han argumentado los portavoces Rosa Eva Díaz Tezanos (PSOE), Rafael Pérez Tezanos (PRC) y Julio Cabrero (PP).
