20 de junio de 2019
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    El Gobierno tendrá que indemnizar a las víctimas de abusos sexuales del profesor del Simón Cabarga

    Las indemnizaciones a las menores de las que abusó en el colegio de Valdeola, en el aire

    El Gobierno tendrá que indemnizar a las víctimas de abusos sexuales del profesor del Simón Cabarga
    EUROPA PRESS

    SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

    La Audiencia Provincial ha declarado insolvente al profesor condenado a 30 años de cárcel por abusar sexualmente de diez menores de entre seis y 11 años en el colegio público Simón Cabarga de Santander en el curso 2010-2011.

    Eso significa que será el Gobierno de Cantabria quien tendrá que indemnizar a las víctimas, dado que la sentencia condenatoria, que ya es firme y fija en total unos 48.000 euros de indemnizaciones, condena a la administración regional como responsable civil subsidiario porque el profesor cometió los delitos en el ejercicio de su función docente.

    La sentencia de la Audiencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. Tras dictar el decreto de insolvencia de Raúl Arce Martínez, que está cumpliendo condena en el penal de El Dueso, en Santoña, la Audiencia Provincial requirió al Gobierno de Cantabria en marzo para que indemnizara a las víctimas como responsable civil subsidiario.

    Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el Gobierno no ha respondido, por lo que en este mes de junio se le ha vuelto a requerir para que lo haga.

    La Audiencia condenó a R.A.M. como autor de diez delitos de abusos sexuales a menores de 13 años, a penas de cárcel que suman unos 30 años, y fijó las indemnizaciones en 6.000 euros en el caso de las seis menores sometidas a abusos continuados y 3.000 en los otros cuatro casos.

    La sentencia condena a la Consejería de Educación como responsable civil subsidiario porque el profesor cometió los delitos tanto en clase en horario lectivo como durante el servicio de comedor. De hecho, la Audiencia entendió que se produjo "una falta de diligencia, y control por parte de los responsables del centro".

    COLEGIO DE VALDEOLEA

    La declaración de insolvencia decretada por la Audiencia Provincial no afecta a otra sentencia, la del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que poco después le condenó a otros nueve años de cárcel por abusos sexuales a tres menores del colegio público de Valdeolea el curso anterior. Estos hechos salieron a la luz después de su detención por los abusos del 'Simón Cabarga'.

    Es el propio juzgado el que tiene que pronunciarse sobre la solvencia o insolvencia del condenado, y de momento no lo ha hecho. A diferencia de la sentencia del 'Simón Cabarga', este segundo fallo no condena al Gobierno regional como responsable civil subsidiario, por lo que si el juzgado le declara insolvente, las víctimas se quedarían sin cobrar la indemnización.

    Esta segunda sentencia, dictada en octubre del año pasado y confirmada por la Audiencia en febrero -prácticamente a la vez que el Supremo elevaba a firme la del 'Simón Cabarga'-, no condena al Gobierno regional como responsable civil subsidiario (ninguna de las partes presentó acusación contra la administración), por lo que si el juzgado le declara insolvente, las víctimas se quedarían sin la indemnización de 10.000 euros por daños morales que fija la sentencia.

    Raúl Arce fue apartado de sus funciones por la Consejería de Educación el 16 de mayo de 2011, y estuvo en prisión provisional desde el 21 de mayo hasta el 23 de noviembre de ese mismo año, quedando en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros. Tras el juicio del 'Simón Cabarga', celebrado en mayo de 2013, ingresó de nuevo en la cárcel.

    La sentencia por los abusos en el colegio de Mataporquera, dictada por el juez José Hoya Coromina, está cargada de reproches a la administración educativa, entre otras cosas por nombrar como docente a esta persona que antes de empezar a impartir clases como interino en este centro había sido condenado por sentencia firme por un delito de violencia doméstica.

    El magistrado muestra reiteradamente su "enorme sorpresa" por la ausencia de responsables civiles subsidiarios, en este caso el Gobierno regional por ostentar el "autor de las tropelías" la condición de funcionario público.

    "FRUSTRACIÓN" DEL JUEZ

    Así, el juez manifiesta la "frustración" que le provoca "la imposibilidad del pronunciamiento que legalmente correspondería" al no haber sido traída al proceso la Comunidad como responsable y, por ende, no haber sido "oída ni vencida en juicio".

    De igual forma, censura que pese a conocer la administración las "tropelías" realizadas, el daño generado, el sufrimiento de las familias y de las menores, y a pesar de estar obligada por los principios de responsabilidad objetiva, "hasta la fecha no se ha llevado a término ninguna actuación en apoyo de los perjudicados que, transcurridos tres años, se encuentran en la misma situación que al inicio, en el más absoluto abandono", y tienen que pasar por "un peregrinaje judicial para obtener el justo resarcimiento".

    El propio juez vincula ese "abandono" con el hecho de que los perjudicados "no pertenecen a ninguna asociación, plataforma o grupo de presión, siendo solo ciudadanos, meros votantes y simples contribuyentes y por ello, carentes de la relevancia necesaria que merezca de atención de la administración responsable".