SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La inversión total del Gobierno de Cantabria en la empresa Tubacex Services asciende a 3,5 millones de euros, mientras que la compañía alavesa aporta tres millones de euros, según ha informado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en respuesta a preguntas del PSOE.
La aportación del Gobierno de Cantabria, que se canaliza a través de la empresa pública Sodercan, se divide en dos conceptos: por un lado 707.703 euros equivalentes al 19% del capital social, que asciende a 3,7 millones de euros; y por otro lado, 2.796.000 euros en concepto de fondos propios.
Arasti ha destacado que además de los tres millones de euros de capital, Tubacex aporta su 'know how', su cartera de clientes y su I+D. Además, ha reiterado que cuando el Gobierno salga del accionariado de la filial de Tubacex lo hará "con una valoración de su aportación superior a la realizada", ya que recuperará la inversión con intereses.
De esta forma, el consejero ha desvelado que la filial con la que Tubacex comenzará a operar en Cantabria, en concreto en Orejo (Marina de Cudeyo) se ha constituido con unos fondos propios de 6,5 millones de euros, de los que el Gobierno de Cantabria aporta más de la mitad.
Y lo ha hecho después de la polémica que se ha generado por la negativa del Gobierno a desvelar este dato y a remitir al PSOE la documentación del acuerdo con Tubacex. Arasti ha vuelto a explicar este lunes que esa documentación está "protegida por una cláusula de confidencialidad que responde a un expreso deseo de Tubacex para evitar presiones e interferencias" y que el Gobierno no puede saltarse "sin recabar el consentimiento previo".
Una cláusula que es "vinculante" y "habitual" en las operaciones mercantiles de Sodercan con empresas privadas, ha asegurado Arasti, quien de hecho ha destacado que el anterior Gobierno (PRC-PSOE) las utilizó "profusamente".
El consejero también ha vuelto a defender que sin la discreción con que ha llevado el Gobierno regional esta operación, probablemente Tubacex no estaría hoy en Cantabria, y ha dicho que su contestación al PSOE es "compatible con los compromisos contractuales con Tubacex".
"Le han autorizado a decirlo", ha replicado con ironía el portavoz del PSOE, Juan Guimerans, quien se ha preguntado cuántas leyes estaba el Gobierno del PP "dispuesto a vulnerar", además del Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlamento y el Código de Buen Gobierno, "para no darnos esa información".
También se ha preguntado cómo es posible que el presidente regional, Ignacio Diego, diga que es consciente de que los cántabros tienen derecho a saber el dinero público invertido en Tubacex pero que se lo "niega" porque se ha comprometido con la empresa.
Guimerans ha puntualizado que el PSOE está "encantado de que vengan a Cantabria Tubacex y otras empresas, y estaremos mucho más encantados cuando sepamos en qué condiciones y no tengamos que rastrear ampliaciones de capital". En este sentido, ha denunciado que el Gobierno no le envía las actas de Sodercan y ha anunciado que próximamente van a preguntar al Ejecutivo por "todas" las empresas en la que ha habido intervención pública, entre las que ha citado Papelera del Besaya, Nestor Martin, Sonkyo y Bravo. "Ya no estamos dispuestos a callar", ha concluido.
En su segundo turno, el consejero ha replicado a Guimerans que podía no haberle contestado si se hubiera acogido a un dictamen sobre esta cuestión que el anterior Gobierno encargó en 2009 a un despacho de Madrid, según el cual "el derecho de los diputados está sujeto a límites" y la información solicitada "debe serlo para el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias, requisito que debe fundarse de forma expresa".
Asimismo, ha destacado que la inversión del Gobierno de Cantabria para traer a la región a una empresa "puntera" como Tubacex es inferior a los 3,8 millones de euros que el anterior Gobierno "tiró a la basura" con el proyecto del Ecoparque del Besaya. Al tiempo, ha destacado que su Consejería ya ha contestado a 322 peticiones de documentación, "tres veces más que en la anterior legislatura", en la que se dejaron sin contestar 114.
