1 de abril de 2020
22 de octubre de 2014

El juez archiva el 'caso GFB' por no acreditarse infracciones penales

El juez archiva el 'caso GFB' por no acreditarse infracciones penales
FERMACELL

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado el archivo del 'caso GFB' al considerar que no se ha acreditado que se cometieran las infracciones penales que denunció la Fiscalía en base a la documentación de la comisión de investigación realizada en el Parlamento regional.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press y fechado el pasado 20 de octubre, el juez Jaime Parra indica que la prueba practicada "no ha permitido alcanzar la convicción" de que la veintena de imputados haya cometido los delitos en contra del patrimonio, contra la administración pública y contra la seguridad social que el fiscal denunció.

El magistrado exime con esta decisión al exconsejero de Economía y actual presidente del PSOE de Cantabria, Ángel Agudo; el exconsejero de Industria y expresidente del Consejo de Administración de Sodercan Miguel Ángel Pesquera; y a los ex altos cargos de Sodercan José Villaescusa (consejero delegado) y Francisco Royano (director general).

La resolución del juez, que ha investigado las supuestas irregularidades entorno al proyecto de la fábrica de fibroyeso GFB promovido por el Ejecutivo PRC-PSOE, no es firme y puede interponerse contra ella recurso de apelación.

El magistrado ya había dictado el pasado mes de febrero un auto de sobreseimiento de los delitos societarios y de malversación, pero continuó la investigación por si se hubiera producido un delito de fraude de subvenciones en la contratación de trabajadores.

En el auto conocido este miércoles, el juez señala que debe "decretar el sobreseimiento provisional" respecto a ese supuesto delito por fraude de subvenciones y "frente a todos los imputados". Y es que Parra apunta que, aunque pueda "parecer sorprendente" que al mes de contratar a los trabajadores se iniciase un ERE, "no existe prueba alguna" de que con ello se buscase obtener una subvención o existiera "una intencionalidad defraudatoria".

En base a las diligencias practicadas, el juez dice que "existía una seguridad absoluta en que el comienzo de la actividad se iba a producir de forma inminente", algo que dice que queda acreditado por el hecho de que el socio mayoritario "puso de su bolsillo seis millones de euros en el mes de marzo de 2008".

"No parece probable que ninguna persona ponga de su bolsillo tal cantidad de dinero si no está convencida del inicio de la actividad y, especialmente, cuando la cantidad que se podía percibir en concepto de subvención excedía por poco el millón de euros", argumenta Parra.

Además, indica que esta teoría se apoya también en que "las nóminas de agosto fueran personalmente abonadas por el consejero Leandro Sainz de la Riva" y que "la fábrica estaba prácticamente terminada", a falta sólo de unos quemadores que, dice, "no eran básicos" para el inicio de la actividad.

Finalmente, el magistrado cree que la crisis económica iniciada en aquellas fechas propició "una importante falta de liquidez" que motivó que se solicitará la citada aportación al socio mayoritario, lo que se produjo al mismo tiempo que la contratación de los trabajadores por lo que "todavía se confiaba por todas las partes encontrar una solución al problema financiero".

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