Los acusados, que falsificaron firmas notariales para acceder a líneas de descuento, no se presentan al juicio
SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una orden de busca y captura para U.O.L. y A.V.P., los encargados de una intermediaria financiera que obtuvieron 195.000 euros de una entidad bancaria tras haber falsificado las firmas de un notario que usaron como garantía de acceso a líneas de descuento.
Ambos se enfrentaban a una pena de siete años de prisión por parte del Ministerio Fiscal y diez por la acusación particular por un delito de estafa en concurso con falsedad mercantil, pero no han comparecido ante el juicio convocado hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Tampoco lo ha hecho ningún representante de su defensa, que ya había comunicado su renuncia a llevar este caso. Al no poder contactar ni localizar con los acusados, un hombre y una mujer, se ha decidido dictar una orden de busca y captura.
Los hechos sucedieron entre marzo y abril de 2007. La primera de los acusados, U.O.L., administradora de la empresa, logró abrir una línea de descuento a su favor en una entidad bancaria, y el mismo día de la apertura descontó seis letras, por un importe de 96.030 euros, falsificando la firma del notario. Así, pudo disponer de esta cantidad mediante un cheque.
Por su parte, el otro implicado cometió hechos similares. Era apoderado de la misma empresa, y logró que se le abriera una línea de descuenta de la que, el mismo día de la apertura, descontó seis letras por valor de 99.950 euros, que figuraban falsamente garantizados con hipoteca constituida ante el mismo notario, y dispuso de esta cifra a través de dos cheques.
Ambos acusados han satisfecho un total de 12.500 euros cada uno de la deuda generada con la entidad bancaria.
El Fiscal considera estos hechos un delito continuado de estafa en concurso ideal con uno de falsedad mercantil, por los que pide, para la acusada, que tomó la principal responsabilidad, cuatro años de prisión y una multa de 4.500 euros, y para él, de tres años y medio de prisión y multa de 4.050 euros.
Además, ella deberá indemnizar a la entidad bancaria con 83.530, y ambos, conjuntamente, con 87.450, las cifras pendientes que no habían abonado aún.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce la perjudicada, Caja Cantabria, pide para cada uno de ellos cinco años de prisión, multa de 30.000 euros e indemnización conjunta de 166.000 euros.
