SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicará en su edición de este miércoles la Ley 7/2018, de 5 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, que estará en vigor a partir del jueves, y la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria, que lo hará el 1 de julio de 2019, tal y como se acordó de forma unánime por el Parlamento de Cantabria.
Así lo ha anunciado hoy el Gobierno regional, que ha indicado que se trata de dos normas relacionadas con la estrategia de participación ciudadana implantada por la Consejería de Presidencia y Justicia.
Ambas se enmarcan en la decisión de favorecer los mecanismos de participación ciudadana impulsados por la Consejería durante esta legislatura en la idea de implementar, según su titular, Rafael de la Sierra, un marco normativo "ordenado, flexible y coherente" acompañado de la ordenación de todos los niveles de la Administración en políticas de participación.
Se trata de favorecer la consolidación y ampliación de procesos participativos, regulando nuevos derechos, reforzar la estructura organizativa y redefinir instrumentos de participación hacia modelos mixtos que incorporen las nuevas tecnologías.
De la Sierra ha destacado la unanimidad con la que se han aprobado ambas normas, lo que es una muestra de "lo necesario" de las mismas.
De hecho se han desarrollado sendos procesos participativos tras los que se han recogido numerosas sugerencias que han sido incorporadas al Proyecto de Ley, que, además, se ha enriquecido con las propuestas de los grupos parlamentarios.
LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Se trata de una reforma integral de la derogada Ley 6/1985, de 5 de julio, de iniciativa legislativa popular.
La norma, que entrará en vigor el jueves 13 de diciembre, un día después de su publicación en el BOC, presenta, como principales novedades, que se necesitan 4.000 firmas (frente a las 10.000 anteriores) a recoger durante seis meses prorrogables otros nueve (frente a los tres de antes), permitiéndose la recogida a través de procedimientos electrónicos y páginas web habilitadas al efecto, con el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Cámara y la defensa de la proposición por parte de los promotores.
Se trata de una norma "de las más avanzadas del conjunto del Estado", según el consejero, "acorde con los avances tecnológicos, mucho menos rígida que la anterior y más garantista para el ciudadano, cono todo lo que ello implica, esto es, una eficaz herramienta de participación".
LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Por su parte, con la Ley del Consejo Económico y Social, el Gobierno recupera un órgano creado en 1992 y que desapareció en 2012. Este nuevo CES se configura de forma diferente al anterior, "más austero e integrado" en la Administración, pero con la misma idea de ser un "instrumento permanente y estable de comunicación y diálogo, de participación en el ámbito socioeconómico y laboral entre la propia administración y las organizaciones económicas y sociales", en palabras de Rafael de la Sierra.
La voluntad por recuperar el CES se puso además de manifiesto en el Pleno del Parlamento de Cantabria, de 10 de octubre de 2016, con la aprobación al efecto de una proposición.
Una de las novedades del CES es su encaje en la propia administración, lo que supondrá para De la Sierra "una mayor eficacia del mismo" y un gasto "mucho más ajustado" que el que había en el CES anterior.
Con todo, la mayor innovación de este nuevo órgano de participación es la apertura a la sociedad civil.
Así, de los tres grupos anteriormente existentes, el Consejo pasa a cuatro, siendo el nuevo el que recoja a una pluralidad de agentes sociales, con lo que los miembros del Consejo pasan de 25 a 29. Lo que se ha hecho es reestructurar la composición, dando entrada a colectivos "indispensables", como la Federación de Municipios, la Universidad de Cantabria, los colegios profesionales, sindicatos minoritarios, sindicatos sectoriales y otro tipo de organizaciones.
De esta manera, seis miembros forman parte de los tres primeros grupos. El primero, formado por personas de reconocido prestigio en materia socioeconómica y laboral, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria y otro a la Federación de Municipios de Cantabria.
Por su parte, el segundo lo forman los seis componentes de las organizaciones sindicales más representativas y el tercero los seis miembros, correspondientes a las organizaciones empresariales más representativas.
El grupo cuarto, novedoso, contará con diez miembros, representativos de diversos sectores de la economía social, tales como sociedades cooperativas, laborales o entidades asimilables; organizaciones de consumidores y usuarios; organizaciones representativas de intereses públicos, ya sean culturales, sociales, deportivos, derechos ciudadanos o cualquier otra de objetivos similares e interés común.
De ellos, necesariamente, se contará con un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos, los colegios profesionales, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones sindicales que, no teniendo la consideración legal de más representativas, alcancen el 5 por ciento de representatividad. Los seis restantes los elegirá el Parlamento.
