Recuerda al PP que la sentencia del Supremo "no deja otra opción" que el derribo y se pregunta si Diego "no cree en el Estado de Derecho"
SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, defendió hoy la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en relación a la depuradora de Vuelta Ostrera cuya situación está siendo abordada con "responsabilidad, seriedad y eficacia" por parte del departamento que dirige Cristina Narbona.
A través de un comunicado, Ibáñez salía así al paso de las críticas realizadas hoy por el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, en relación a este asunto y pidió al dirigente 'popular' "la misma responsabilidad con la que está actuando el Gobierno para solucionar cuanto antes el problema de los vertidos a la ría de Suances y para hacerlo con un escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, como mandan las reglas del Estado de Derecho".
Ibáñez recordó que, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar la depuradora del sistema general de saneamiento de la Cuenca del Saja-Besaya, situada en Vuelta Ostrera, el Gobierno de España se ha puesto a trabajar "con seriedad y eficacia en la búsqueda de la mejor solución posible, sin obviar la existencia de una sentencia que es firme".
Durante este tiempo, "el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria y con el apoyo de la asociación ecologista ARCA, ha consensuado un plan de derribo escalonado, de tal forma que la actual instalación pueda entrar en funcionamiento, hasta que la nueva esté totalmente construida", un plan que ha sido aceptado por el propio Tribunal Supremo, agregó.
En palabras de Ibáñez, "el Ministerio está trabajando con enorme responsabilidad para poner lo antes posible en funcionamiento esta depuradora" porque "se trata de evitar que se siga vertiendo en la ría de Suances, y de mejorar la calidad ambiental de la zona", pero "teniendo muy claro que existe una sentencia del alto tribunal que no deja otra opción que el derribo de la depuradora".
Por eso, ante la petición formulada por el líder de la oposición regional de que el Ministerio mantenga la depuradora, el delegado del Gobierno se preguntó "si acaso Ignacio Diego no cree en el actual Estado de Derecho, si no cree en la independencia de la Justicia y si no cree en la separación de los poderes públicos".
En definitiva, el delegado del Gobierno se pregunta "si el presidente del PP de Cantabria cree que los poderes públicos pueden hacer caso omiso a las sentencias judiciales, en este caso del Tribunal Supremo, o incluso actuar en contra de lo que dictan los autos judiciales".
