SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Las ONGD de Cantabria han mostrado su rechazo ante el anuncio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de derivar a los inmigrantes en situación irregular a la "beneficencia", tras conocer las intenciones de que las comunidades autónomas tienen previsto formalizar convenios con las organizaciones que trabajan con este colectivo puedan recibir asistencia médica en Atención Primaria.
Las organizaciones ven "extraño" que, tras destinar el Gobierno de Cantabria durante todo 2011 y lo que va de 2012 "cero euros" a las convocatorias públicas a las que tienen acceso las ONG así como, entre otras políticas sociales, a la sanidad pública, 2las administraciones vayan a destinar ahora los fondos necesarios para cubrir los tratamientos y los servicios que se han de prestar a estos enfermos y pretendan además que sean ellas quienes se ocupen de gestionarlos".
Pero además, la Coordinadora Cántabra de ONGD muestra su "profunda preocupación" ante esta decisión, que supone "derivar a personas enfermas de cáncer y de VIH a la beneficencia, en lugar de asumir el Estado sus obligaciones, suponiendo un retroceso de más de 25 años en los derechos garantizados por la Ley General de Sanidad de 1986 y la Constitución Española".
A su vez, tildan la medida de "inviable desde un punto de vista sanitario y dudoso en aspectos legales", como el de la dispensa de los medicamentos necesarios.
"Pero, sobre todo, esta política es contraria a los principios de estos colectivos en defensa de una Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, dado que se crearía un sistema paralelo y excluyente en el que no creen que quieran participar", han añadido.
Por eso, piden a las administraciones que empleen esos fondos que iban a conveniar con las ONG en "mantener la cobertura sanitaria de los inmigrantes dentro del sistema nacional de salud, al cual no pueden reemplazar".
Las ONGs recuerdan que, según los estudios, los inmigrantes consumen de media menos recursos sanitarios que los ciudadanos españoles y que, aún aquellos en situación irregular, contribuyen al sostenimiento de esta economía "que quiere excluirles" con los impuestos indirectos que pagan, como el IVA.
Y alertan de que la decisión del Gobierno de España de dejar sin tarjeta sanitaria a 150.000 personas en situación irregular tendrá "gravísimas consecuencias", como el "más que previsible colapso de los ya saturados servicios de urgencias hospitalarias" y la "proliferación" de enfermedades como el VIH/SIDA o la tuberculosis, al no ser convenientemente tratadas, "lo que hará que aumente el gasto sanitario de tal modo que convierta en inútil el ahorro de 240 millones calculado".
