SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Autonomía Personal de Santander ha aprobado hoy el borrador de la Ordenanza de Accesibilidad con el voto favorable del equipo de Gobierno (PP) y la abstención de socialistas y regionalistas. La ordenanza, tipo reglamento, entrará en vigor a principios del año próximo y contempla un régimen sancionador que va desde los 300 a los 300.000 euros.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa el concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo, quien aseguró que el documento, que afecta a múltiples sectores, supone un "avance importantísimo" para Santander, no sólo porque hasta ahora no se regulaba la accesibilidad en el municipio, sino porque se ha dado "un paso más allá" al ser tipo reglamento y desarrollar la Ley de Accesibilidad de Cantabria de 1996, lo que la convierte "en una de las ordenanzas más ambiciosas de España" y que además "se puede aplicar".
Al respecto, el concejal lamentó que "en 13 años" no se haya desarrollado el reglamento de la Ley de Cantabria, y apuntó que Santander se convertirá en el primer municipio en hacerlo. Además, Del Pozo avanzó que se realizará un seguimiento de la ordenanza y se modificarán o mejorarán los aspectos que así lo requieran.
La ordenanza, que consta de 49 artículos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias y una derogatoria, afecta a los elementos de urbanización, itinerarios peatonales, espacios, edificaciones, transporte, etcétera, y regula aspectos como la anchura que deben tener las aceras, cómo deben ser los ascensores para que también puedan utilizarlos sin problemas personas sordas o ciegas, o la altura de las cabinas públicas.
Será aplicable a proyectos que se presenten después de su entrada en vigor. Éstos, para la obtención de licencia, deberán contar con un informe técnico en el que se recoja que la ordenanza se cumple en todos los casos. Igualmente deberá adjuntarse un informe que acredite que alguna cuestión concreta no se puede cumplir técnicamente.
En este sentido, el edil indicó que los proyectos que no cumplan la ordenanza no obtendrán la licencia, y los que sí la tengan pero no la cumplan serán sancionados. El régimen sancionador va desde los 300 euros para faltas leves a 300.000 para las muy graves.
La ordenanza se aprobará provisionalmente en el Pleno de agosto, saldrá a información pública para la presentación de alegaciones y se aprobará definitivamente en el Pleno de septiembre u octubre. Desde entonces y hasta su obligado cumplimiento transcurrirán tres meses.
El concejal explicó que el documento se ha ido "modelando" con las aportaciones del movimiento asociativo, de los técnicos, suyas propias y de los grupos de la oposición. Al respecto, y dado que no ha sido aprobada por unanimidad en comisión, Del Pozo señaló que PSOE y PRC tenían el borrador "desde hace meses" y que "ha habido un tiempo muy generoso para aportar mejoras". Además, aseguró que el equipo de Gobierno ha "tratado de alcanzar el consenso, incluso más allá de los periodos establecidos", pero no ha sido posible.
No obstante, afirmó que la ordenanza "beneficiará a todos", tanto a las personas con alguna discapacidad como a los ciudadanos en general ya que "en algún momento pueden tener una discapacidad", y
