El PP afirma que el informe de la inspección de servicios avala que su denuncia es "fundada"

Publicado: jueves, 31 mayo 2018 20:13

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha recibido esta tarde el informe de la Inspección de Servicios sobre las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, un informe que, a su entender, "avala que los hechos denunciados son ciertos y la denuncia fundada".

Según informa el PP en nota de prensa, el informe ha sido remitido al grupo parlamentario y a la presidenta del partido por el gabinete del consejero de Presidencia, a través de un correo electrónico enviado a las 18 horas, después de que Buruaga denunciara "su ocultación para tratar de trasladar a los ciudadanos unas conclusiones a la carta".

El PP señala que de un primer análisis, se desprende que el informe "constata la veracidad" de todos los hechos denunciados por el Partido Popular.

El informe hace un análisis exclusivamente desde el punto de vista del procedimiento administrativo de contratación, sin entrar a hacer un pronunciamiento sobre el fondo ni sobre la existencia o no de un ilícito penal.

La presidenta del Partido Popular ha hecho hincapié en que el informe revela que las denuncias del PP son "fundadas, porque no desvirtúa la veracidad de uno solo de los hechos denunciados".

"Ahora es el informe de parte dirigido por la propia consejería el que constata que no hay novela, ni cacerías, ni conspiración, sino irregularidades en la contratación", añade.

Así, del informe se desprende, por ejemplo, que las obras del Centro de Salud del Alisas se recepcionaron incluso antes de haberse iniciado y que se pagaron sin estar terminadas.

Además, hubo fraccionamiento de contratos en las obras de ampliación del Hospital Virtual y un asesor, Sáenz de Viteri, "cobró un trabajo a través de un familiar".

Buruaga ha exigido al Gobierno que remita inmediatamente el informe a la Fiscalía para que lo incorpore a las diligencias de investigación abiertas porque son los jueces y no el presidente y los consejeros quienes tienen que decir si estas actuaciones son delito o no.

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