SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria del 18 de junio una iniciativa para pedir la reprobación y el cese de la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, después de que, a su juicio, el informe de la Inspección Sanitario haya "verificado" de "cabo a rabo" las supuestas "irregularidades" denunciadas por los 'populares'.
Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien espera que "se sumen" a esta proposición no de ley todos los demás grupos de la oposición, esto es Podemos y los dos integrantes del grupo mixto, Rubén Gómez (Ciudadanos) y Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja.
Sáenz de Buruaga ha insistido en señalar que Real "está inhabilitada para dirigir la sanidad pública de Cantabria y peude permanecer al frente de la misma un minuto más. "Creo que, en este momento, no hay ningún asunto sobre el que exista mayor grado de consenso o unanimidad de la oposición en el Parlamento", ha aseverado.
En la comparecencia de Real de esta semana en la Comisión de Sanidad, los representantes de PP, Podemos y Cs ya reclamaron el cese de la consejera, no así Carrancio, si bien éste afirmó que "no le convencieron" algunas de las explicaciones de la consejera y señaló que, a su juicio, sí podrían existir ilícitos penales en los contratos del SCS examinados por la Inspección Sanitaria tras la denuncia.
Y es que la presidenta del PP ha insistido este viernes que el informe de la Inspección Sanitaria "constata" que se han producido "actuaciones graves" pese a que, a su juicio, no se entra en el "fondo" de la cuestión ni entra a investigar, según ha dicho, "ni el porqué, ni el para qué" de las mismas.
Respecto al fraccionamiento de algunos contratos detectado en el informe y que fueron adjudicatos a tres empresas que son propiedad del hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, Sáenz de Buruaga ha señalado que, aunque el documento de la inspección sanitaria, no lo diga "porque no convenga desvelarlo", entre el cuarto trimestre de 2016 y el 31 de diciembre del 2017, éstas facturarom "más de un millón de euros, acaparando el grueso de los contratos menores del SCS".
Además, ha asegurado que en el primer trimestre de 2018 estas empresas han seguido facturando y siguen llevándose "la palma" en la contratación menor del SCS.
Así, ha señalado que hay cuatro contratos menores de obras por 204.000 euros, que representan más de la mitad de las obras adjudicadas por la Gerencia de Atención Primaria en el primerr trimestre del año.
También ha apuntado que el PP tiene "sospechas" de que, a raíz de la denuncia del 25 abril por parte del PP, Sanidad ha "anulado" algunos expedientes de adjudicación "problemáticos", que podrían tener como beneficiarias a estas tres empresa, e incluso "ha ocultado" alguna adjudicación.
A la vista de lo que señalado por el informe, Saénz de Buruaga ha vuelto a advertir al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) que "se está equivocando gravemente" al mantener en su cargo a la consejera y de que "su inacción tan solo contribuye a agravar las sospechas sobre la gestión de su Gobierno" y también de que "cuanto más tarde en atajar de raíz este presunto caso de corrupción", "más tiempo habrá sido su cómplice".
"Si el no quiere mover ficha, le vamos a empujar a hacerlo. Le vamos a obligar. No nos deja otra salida", ha dicho la presidenta del PP, que ha justificado así la presentación de la proposición no de ley.
Sáenz de Buruaga ha vuelto a hacer un repaso del casi mes y medio que ha transcurrido desde que el 25 de abril el PP denunciara públicamente estas supuestas irregularidades, que está investigando la Fiscalía, y saliera también a la luz el email remitido en febrero por la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, alertando a Real, al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y a la interventora que se ocupa de fiscalizar los contratos de este Servicio de ello.
La presidenta del PP ha defendido, frente a las críticas de Real y del PRC y PSOE, grupos que sustentan al Ejecutivo regional, que su partido ha actuado en este tiempo con "absoluta responsabilidad y lealtad" y cumpliendo con su "obligación" de "fiscalizar" la labor del Ejecutivo y "velar por el buen uso del dinero público, la transparencia y la correcta gestión" del SCS.
Así, Sáenz de Buruaga ha reivindicado que "el PP no ha sido quien ha puesto en cuestión el SCS", sino la consejera y sus altos cargos lo que lo han hecho con sus propias actuaciones". "Aquí no hay ninguna campaña orquestada por el PP ni ninguna novela. Muy al contrario, lo que hay son graves irregularidades que ya nadie puede negar", ha dicho la dirigente 'popular'.
Además, ha advertido que el PP "ha investigado solo los contratos que ha podido investigar" a través de la relación de contratos menores que se publican trimestralmente en el Boletín Oficial de Cantabria, que le parecieron "más llamativos" y cuyos expedientes solicitaron "a veces con dificultad" a través del Parlamento.
"Hemos hecho un pleno al quince", ha aseverado Sáenz de Buruaga, que ha alertado de que lo detectado podría ser "tan solo la punta del iceberg", por lo que ha "forzado" desde el Parlamento una investigación por parte de la Intervención General de todos los contratos realizados en esta legislatura por el SCS, un periodo de análisis que en el último Pleno se propuso, con la abstención del PP, que se ampliara hasta 2011.
