SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este lunes por consenso de todos los grupos la nueva ley que regulará el Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) y que aspira a mejorar y "fortalecer la interacción" entre la institución académica y la sociedad.
Este, al menos, es el deseo expresado en la sesión plenaria por la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades, Eva Díaz Tezanos, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Además, todos ellos se han felicitado del consenso que ha logrado esta ley, promovida por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) junto a los agentes implicados y que reemplaza la que estaba vigente, que era de 1998.
Entre las principales novedades con respecto a la hasta ahora vigente, está la modificación de la composición, que no el número de integrantes, del Consejo Social de la UC. Además, limita el mandato de sus miembros a ocho años.
El Consejo Social seguirá teniendo 20 miembros, incluido el presidente, pero los representantes de la comunidad universitaria se reducen de ocho a seis y aumentan de 12 a 14 los miembros elegidos en representación de los intereses sociales.
El texto ha llegado al Pleno tras su tramitación parlamentaria en Comisión, que, como paso previo a su llegada al Hemiciclo, ya aprobó hace unos días con consenso de todos los grupos el dictamen junto a dos enmiendas del PP y una transaccional de PP, Podemos y PSOE, que hoy se ha votado y ha obtenido el visto bueno.
LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
En virtud de esta transaccional, se modifica la composición del Consejo, dando presencia a la Federación de Municipios, al Consejo Escolar de Cantabria y los colegios profesionales. Asimismo, se aumenta de mayoría absoluta a dos tercios los votos necesarios para la elección de los cuatro miembros a designar por el Parlamento.
De los seis vocales que representan a la comunidad universitaria, tres serán natos -el rector, el secretario general y el gerente- y los otros tres serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la UC de entre sus miembros.
Los catorce vocales que representan los intereses sociales de la comunidad autónoma deberán ser personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria.
Con la enmienda transaccional introducida, cuatro serán elegidos por el Parlamento por mayoría de dos tercios --igual que en la ley anterior--; dos por los sindicatos; otros dos por las organizaciones empresariales más representativas; uno por el Consejo Escolar; uno por la Federación de Municipios; otro por los colegios profesionales y tres por el Gobierno de Cantabria: el director general de universidades, un director general de la Consejería de Economía, y un vocal designado entre personas con experiencia en los campos de la ciencia, la tecnología, de la administración pública, profesional, de la economía y del trabajo.
Además, se establece un periodo máximo de duración del mandado de los vocales de ocho años que la anterior normativa no contemplaba y se regulan de manera más extensa los derechos y deberes de los vocales. En cuanto a la estructura orgánica del consejo social, funcionará en pleno y en las comisiones que se creen.
La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y varios de los portavoces de los grupos han coincidido en que la nueva ley mejora la representantividad de la sociedad cántabra en el Consejo Social y su participación en la institución académica.
Díaz Tezanos ha confiado en que la nueva ley "contribuya a mejorar la interacción" entre la sociedad civil --instituciones públicas, privadas, los sindicatos y representantes de las empresa-- y la Universidad; sirva paras incrementar la participación activa de la sociedad en el gobierno de la UC, y haga de la institución académica un "instrumento de cohesión social".
Podemos ha confiado en que esta ley sirva para mejorar el Consejo Social, ya que, a su juicio, los 30 años de experiencia de estos órganos en las universidades no han conseguido un resultado los "suficientemente satisfactorio" ya que, según ha señalado la portavoz 'morada', Verónica Ordóñez, en algunos casos estos órganos solo han sido mecanismos de "control político o financiero".
Por su parte, el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Rubén Gómez espera que la nueva ley ayude a que este órgano de control y fiscalización la UC siga avanzando en la transparencia de la institución académica.
El otro miembro del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja, ha aplaudido el consenso en esta ley y que se haya logrado separar "de la pelea partidista". Además, ha confiado en que estas mejoras sirvan para crear generar las "sinergias suficientes" para conseguir una universidad "mejor" y "más competitiva".
Por su parte, el PSOE ha resaltado el hecho de que el Ejecutivo regional haya contado "con todos los agentes implicados" para elaborar esta ley, con la que se adapta a la normativa autonómica a la Ley de Universidades de España.
Y respecto a la revisión de la composición de este órgano, el regionalista José Miguel Fernández Viadero, de "trasladar la diversidad social" existente en la comunidad al Consejo Social de la UC.
Tras el visto bueno del Pleno a esta ley, se ha habilitado a los servicios de la Cámara a efectuar las oportunas correcciones del texto legislativo.
