El fiscal pide penas de 5 años y tres meses para tres imputados y el Gobierno amplía la imputación a seis personas y las penas a 13 años
SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir de mañana lunes a seis personas por amenazar y retener a dos vigilantes para poder llevarse 18 vacas que iban a ser sacrificadas por brucelosis.
Los hechos ocurrieron en julio del año 2004, después de que la Consejería de Ganadería del Gobierno cántabro acordara el sacrificio de 18 reses de raza tudanca tras detectarse un brote de brucelosis en una explotación de Vioño de Piélagos.
Los animales fueron trasladados a una nave alquilada por Tragsega en Alfoz de Lloredo a la espera de ser sacrificados, pero esa misma noche varias personas se personaron en el lugar y tras retener a los dos vigilantes en el interior de sus vehículos y amenazarles reiteradamente, lograron coger los animales.
El fiscal imputa a tres personas por los hechos, en concreto, al ganadero propietario de los animales, José Miguel G.P., y a otros dos varones, Andrés P.R., y Andrés I.D., quien trasladó los animales con su camión hasta una finca que tiene con su mujer.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Gobierno cántabro, amplía las imputaciones a otras tres personas: la mujer de Andrés I.D., Mª Mar V.T., en cuya finca aparecieron los animales; Juan José S.F., que supuestamente pudo intervenir en la manipulación de crotales de los animales días antes de los hechos, así como en el posterior robo; y Laureano P.S., hijo de uno de los imputados por el fiscal, en concreto de Andrés P.R.
Sin embargo, el fiscal no cree que haya pruebas suficientes para imputar a estas tres personas.
PENAS
También difiere la calificación de los hechos que hacen ambas partes. Así, para la fiscalía los tres imputados son responsables de un delito de desobediencia grave por el que pide penas de nueve meses de prisión para cada uno de ellos; así como otro delito de detención ilegal, por el que propone cuatro años y medio de cárcel, en total, cinco años y tres meses para sus tres imputados.
Por su parte, el Gobierno regional extiende todas sus imputaciones a las seis personas y en lo único que coincide es en el delito de detención ilegal, pero eleva su petición a cinco años.
Además, considera que el hecho de llevarse los animales no es un delito de desobediencia, sino un robo con violencia e intimación, por el que pide otros tres años de cárcel, unido además a un delito de amenazas, por el que demanda otros tres años, y un delito de daños --los causados en la finca donde se guardaban los animales-- por el que propone dos años más de prisión y multa. En total, solicita trece años de cárcel y 5.400 euros de multa para cada procesado.
Pese a las discrepancias en cuanto a los autores materiales del asalto y sus colaboradores, en lo que sí coinciden fiscalía y acusación particular es en las líneas generales del relato de los hechos.
LOS HECHOS
Así, según explican en sus respectivos escritos de acusaciones, la noche del 20 al 21 de julio de 2004 varias personas, entre ellas el dueño de los animales, se presentaron en la finca en la que se custodiaban las reses y se dirigieron a los coches de los dos vigilantes, apostándose a su lado con palos y barras y amenazándoles con darles una paliza si se movían, si bajaban del coche o si utilizaban el teléfono móvil.
Además, los asaltantes se conminaron entre ellos a tomar las matrículas de los vehículos para intimidar a los vigilantes y que no contaran lo sucedido e, incluso, uno de los imputados, Andrés P.R., gritó a sus acompañantes que sacaran las pistolas del coche y mataran a los vigilantes si se movían.
Al mismo tiempo, abrieron la nave para sacar los animales y se los intentaron llevar campo a través hasta el lugar donde esperaba el camión, pero al no lograrlo, parte de ellos regresaron con el camión, en el que cargaron parte de los animales y el resto se los llevaron a pie.
La acusación particular explica que siete de los animales fueron localizados el día 21 deambulando por Alfoz de Lloredo y los otros 11 se encontraron el día 23 en una explotación de Reocín propiedad de uno de los imputados y de su mujer.
