El Gobierno adoptó 343 de estas medidas protectoras en el 2005
SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales Charo Quintana, que ayer participó como ponente en la conferencia de clausura del curso 'Atención al adolescente en los ámbitos educativo y sanitario', organizado por la Universidad de Cantabria (UC), afirmó que es posible definir un perfil de los adolescentes cántabros que se hallan en situación de riesgo o exclusión social, y que es necesario adaptar la respuesta educativa que se les ha de dar.
También indicó que se debe proporcionar una intervención integral que atienda no sólo el aspecto educativo, sino también el social y el laboral, y que se requiere un trabajo en red de todos los organismos implicados, así como una mayor intervención del ámbito local "para afrontar esta problemática y poder realizar una labor preventiva y una atención adecuada".
Estas son las conclusiones más importantes que se desprenden de un estudio, al que Quintana se refirió en su intervención, a través del cual la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha querido conocer quiénes son y qué características tienen esos adolescentes de Cantabria en situación de riesgo o exclusión social.
Los resultados de dicho estudio permiten una primera aproximación al perfil de este grupo de jóvenes. Muchos de ellos se encuentran en una situación de desventaja social por pertenecer a algún grupo de población con dificultades de acceso a recursos como el empleo o la vivienda y, además, esta diferencia de oportunidades respecto a otros grupos para labrarse un futuro, tiene importantes repercusiones en su propia subjetividad, produciéndoles una baja autoestima, falta de confianza y un bajo concepto de su propia dignidad.
Los adolescentes en situación de riesgo en Cantabria son chicos y chicas que se encuentran al margen de los sistemas educativos, con absentismo prolongado, con fracaso escolar, que siguen programas educativos alternativos y que, en algunos casos, tienen, incluso, problemas con la justicia.
Algunos de ellos son adolescentes tutelados por el Gobierno de Cantabria. Otros pertenecen a minorías étnicas o son emigrantes y algunos padecen adicciones y trastornos mentales. Muchos tienen problemas familiares graves y proceden de familias de nivel sociocultural bajo, pero también empiezan a encontrarse en esta situación de riesgo jóvenes que provienen de familias de clase media o media alta, monoparentales y, generalmente, con una mujer como cabeza de familia.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS JUDICIALES
Los jóvenes que reciben alguna medida de protección por parte del Gobierno de Cantabria conforman un grupo de especial vulnerabilidad al que se refirió en su conferencia Charo Quintana, quien recordó que, en 2005, se adoptaron 343 de estas medidas protectoras, incluidas las ejercidas con menores extranjeros no acompañados.
Las de acogimiento, tanto residencial como familiar, son las más numerosas, y son más frecuentes los acogimientos residenciales que los acogimientos familiares o adopciones.
Otro grupo en situación de exclusión es el de aquellos adolescentes sobre los que ha recaído la imposición de alguna medida judicial. En 2005, se ejecutaron 368 medidas judiciales firmes a menores de entre 14 y 21 años y 14 medidas judiciales cautelares, siendo las más numerosas, entre las impuestas, las de 'libertad vigilada' y las de 'prestaciones en beneficio de la comunidad'.
CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO
En su intervención en la UC sobre la adolescencia, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales se refirió también a la conducta sexual de riesgo en este grupo de población.
Remitiéndose al Informe Juventud en España 2004, señaló que es el temor al embarazo, mucho mayor que el miedo a la Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), incluido el SIDA, el que influye en la toma de decisiones sobre la sexualidad, especialmente en las chicas.
Según el citado informe, el 7,9% de las menores de 21 años, unas 43.000, tienen un embarazo no deseado. Un 60% de ellas continúa con el mismo, pero, entre los 25 y los 29 años, la práctica totalidad de los embarazos no deseados termina en aborto.
Charo Quintana indicó que es difícil precisar el número de adolescentes que, en Cantabria, adoptan conductas sexuales de riesgo pero ofreció algunos datos relativos a 2004 que pueden servir de orientación.
Tal y como indicó, en ese año algo más de 4.000 adolescentes se pusieron en contacto con el sistema sanitario público para solicitar tratamiento postcoital y 58 menores de 20 años interrumpieron voluntariamente su embarazo, lo que representa el 10,8% de las 536 interrupciones que se realizaron a mujeres de nuestra comunidad.
La tasa de interrupciones en España es de 8,94 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, pero la de Cantabria es sensiblemente inferior, con 4,51 por cada 1.000 mujeres.
Igualmente, 88 adolescentes menores de 20 años dieron a luz, lo que supone el 1,74% de los nacimientos, mientras que en España este porcentaje se sitúa en el 2,75%.
Ante estos datos, señaló su titular, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, además de todas las actuaciones que venía realizando a través del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en materia de educación afectivo sexual dirigida a adolescentes y de atención a su salud reproductiva, ha adoptado otras decisiones, como incrementar la edad pediátrica hasta los 16 años; poner en marcha la Consulta Joven en centros de salud y en centros educativos de Cantabria, y garantizar la dispensación gratuita de la píldora postcoital en todos los centros del SCS.
