El los próximos días aparecerá en el BOC la normativa autonómica provisional, avanzó la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria
SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 132.712 personas en España han solicitado su valoración de dependencia, según informó hoy la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, de las cuales a día de hoy 3.000 lo han hecho en Cantabria.
La secretaria dio este dato durante la rueda de prensa previa a las Conversaciones en La Magdalena, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), centradas hoy en la 'Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía personal', donde también aseguró que "Cantabria ha liderado el despliegue para la asistencia y atención a la dependencia".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, recordó que a partir del mes de mayo comenzó el proceso de recogida de solicitudes en las comunidades autónomas para la valoración del grado de dependencia, que en su opinión, es "el inicio del reconocimiento del nuevo derecho".
En estos dos meses se han presentado 3.000 solicitudes de valoración -con una media de 350 por semana-, el 60 por ciento de ellas para realizar una valoración inicial y el 40 restante por homologación, para las personas con un reconocimiento del 75% de minusvalía y al menos 15 puntos en el baremo de necesidad de ayuda de una tercera persona o aquellas con una pensión de gran invalidez.
Gorostiaga indicó que la mitad de los solicitantes consideran que lo más adecuado a su situación es una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, mientras que un 30 por ciento requiere una ayuda para la atención residencial. Entre las personas que solicitan una valoración inicial, el 70 considera la primera prestación como la más necesaria y un 10 solicita la asistencia personal.
La vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social anunció que las 528 solicitudes que han sido valoradas hasta la fecha recibirán en los próximos días la resolución del reconocimiento a su situación de dependencia, que conllevará el derecho de recibir prestaciones.
En este apartado, la vicepresidenta informó de que ya está elaborada la normativa autonómica, que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en los próximos días y que regula provisionalmente, hasta que el Consejo Territorial establezca acuerdos en esta materia.
Por otro lado, Valcarce destacó que la Comunidad ha realizado un trabajo "muy intenso" en el campo de los servicios sociales en los últimos cuatro años y además elaboró una de las "piezas claves" para el desarrollo de la Ley de Dependencia, dijo, refiriéndose al baremo de valoración para los menores de tres años. "Cantabria no sólo pertenece al Consejo Territorial de la Dependencia sino que también pertenece a su comité consultivo y a la comisión delegada", añadió.
LEY DE DEPENDENCIA EN CANTABRIA
Gorostiaga explicó que la Ley de Autonomía Personal es un tema de "actualidad y de futuro", que va "a cambiar sustancialmente la vida de miles y miles de personas".
En Cantabria, destacó, desde mediados de 2005, se han iniciado trabajos específicos para que la Comunidad "estuviera preparada" para aplicar el nuevo derecho que reconoce esta Ley.
Una de las iniciativas "más importantes" fue la puesta en marcha de un servicio, incorporado a la cartera de servicios de Atención Primaria, al que se denominó 'Servicio Transversal de Estimulación de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia'.
Este servicio, explicó Gorostiaga, se marcó el objetivo prioritario de garantizar una ayuda a domicilio para "lograr la permanencia de las personas en su entorno habitual" que se consigue gracias a la contratación de 57 nuevos profesionales y a la puesta en marcha de dos proyectos básicos.
El primero será el servicio de estimulación integral y rehabilitación funcional, con la ayuda de 34 fisioterapeutas -uno por cada 11.000 habitantes-, cuatro logopedas y cuatro estimuladores psicomotores. Por otro lado, se contará con el Servicio de intervención e inserción social que empleará a 12 trabajadores sociales, uno por cada 21.500 habitantes.
"Cantabria ha sido una firme aliada de esta norma desde que se presentó el Libro Blanco de la llamada popularmente Ley de Dependencia", afirmó Gorostiaga, quien explicó que desde que entró en vigor el pasado enero se ha trabajado en colaboración con el Gobierno Estatal y con las Comunidades Autónomas en los diferentes grupos de trabajo para alcanzar acuerdos para "poner en marcha lo antes posible" esta Ley.
La primera de las decisiones que tomó el Gobierno cántabro fue determinar quiénes iban a ser los valoradores del grado de dependencia, para lo que "resultó decisiva", dijo la vicepresidenta, la experiencia del Servicio Transversal, porque entre las actividades a desarrollar figuraba la de una triple valoración de la persona, del cuidador y del domicilio.
LA LEY EN ESPAÑA
La secretaria de Estado insistió en que la Ley de Dependencia reconoce un nuevo derecho, "objetivo y universal", que queda garantizado por ley. En ella se establece el mismo catálogo básico de servicios y prestaciones para toda España "que garantiza la cohesión social y territorial", añadió.
El reto social de ampliar derechos supone un "gran esfuerzo" para las administraciones públicas, recordó la secretaria de Estado, quien informó de que la financiación para el periodo 2007-2015 para la aplicación de la nueva Ley ha sido de 26 millones de euros adicionales con respecto al gasto actual, lo que suma un total superior a los 400 millones de euros.
El presupuesto se distribuirá en tres niveles: uno básico que financia íntegramente el Gobierno de España, otro llamado acordado que se financia entre el gobierno central y las diferentes autonomías -por el que Cantabria dispondrá de una trasferencia de 3,3 millones de euros-, y el nivel básico, que se financia por cada persona valorada como gran dependiente.
El catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio Rodríguez, también presente en el acto de hoy, recalcó que "se está produciendo un despliegue de una nueva rama de protección social" en España que lleva a la "mejora del bienestar y al avance en derechos sociales".
Rodríguez, que participó en la redacción del Libro Blanco de la Ley de Dependencia, comentó que la ley es una "oportunidad única" en la historia española para realizar varias superaciones paralelas.
En primer lugar, para "recuperar las funciones del Estado en lo que se refiere a los equilibrios sociales y territoriales" que en los últimos años "se habían perdido", y en segundo, para "movilizar" a las comunidades para que lleven "a la práctica" el derecho subjetivo en el campo de los derechos sociales.
