El sindicato tacha de "intento de atraco a los trabajadores" la pretensión de la patronal de no respetar el IPC previsto para 2009
SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato USO Cantabria ha anunciado que emprenderá acciones, tanto legales como sindicales, contra todas aquellas empresas o patronales que no respeten el 2 por ciento como previsión de inflación en la negociación de los convenios colectivos para este año 2009.
El sindicato ha tomado esta medida al "detectarse que una parte de la patronal pretende establecer el IPC (Indice de Precios de Consumo) previsto, y con ello la subida de multitud de convenios colectivos que afectan a miles de trabajadores en nuestra región, en un porcentaje en torno al 1 por ciento, cuando la previsión de inflación para España es del 2 por ciento", según ha hecho público recientemente el Banco Central Europeo (BCE).
El secretario de Acción Sindical de USO Cantabria, Agustín Herrera Pérez, aclaró en un comunicado que la referencia sobre el IPC previsto para 2009 viene "claramente" contemplada en el artículo 44.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que, según recordó, dice que "las pensiones abonadas por el Sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, experimentarán en el año 2009 un incremento del 2 por ciento de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social".
"De la aplicación de ambos artículos queda determinado que el IPC previsto para 2009 quedó fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el 2 por ciento", sentenció Herrera Pérez.
Por tanto, para USO resulta "cuanto menos chocante" que el ministro de Economía, Pedro Solbes, "anime públicamente a las grandes patronales a aplicar el 1 por ciento de IPC que, de llevarse a efecto, --y alguna empresa ya lo está intentando--, no sólo se incurriría en una flagrante ilegalidad, sino que supondría un intento de atraco a los trabajadores y trabajadoras".
En este sentido, el sindicalista aseguró que con ello "se ve claramente la incompetencia" del Gobierno español que, "al contrario de lo que viene siendo habitual, no ha consignado claramente en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado la ya tradicional previsión del IPC en el 2 por ciento, lo que da pie a interpretaciones contrarias a los intereses de los trabajadores", concluyó.
