En un artículo de opinión, se alegra de la propuesta aunque reconoce que le irrita que emane "de los paladines de los privilegios"
TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reflexionado sobre la propuesta de armonización fiscal enunciada desde las filas de ERC en pleno debate sobre su entrada a los presupuestos para evitar el llamado 'dumping' fiscal, considerando que con este movimiento se constata que "el nacionalismo catalán se ha caído del caballo y se ha convertido a la armonización fiscal", algo de lo que se alegra aunque le irrite que provenga "de los paladines de los privilegios".
En un extenso artículo de opinión publicado en su perfil oficial de Facebook, Bellido ha repasado el tratamiento fiscal de las comunidades autónomas a lo largo de los últimos años, la gestión de los tributos de cada una de ellas o los mecanismos de financiación vigentes.
Por su interés, reproducimos a continuación de manera íntegra el artículo publicado por Pablo Bellido:
SOLO SEREMOS MÁS IGUALES SI DEJAMOS DE ESFORZARNOS POR SER DESIGUALES, POR PABLO BELLIDO
El nacionalismo catalán se ha caído del caballo y se ha convertido a la armonización fiscal. Vamos, que ahora quiere que en materia de impuestos seamos todos más iguales. Y no creáis que no me alegro, por más que me irrite que provenga de los paladines de los privilegios. Llevo años diciendo, y lo dice quien sí cree en que el modelo autonómico es mejor para la sociedad que el centralizado, que haber cedido capacidad normativa en algunos tributos a las comunidades autónomas ha hecho más daño a la unidad de España y a la igualdad que la inmersión lingüística forzada con descaro en algunas regiones del país. Cosa que me enfada mucho, para que no quepa duda.
Pero analicemos un poco lo que pide Rufián y acepta Sánchez en el pacto de presupuestos que han alcanzado y que confiamos nos permitirá una senda para la recuperación económica contando con la ayuda del conjunto de Europa. ¿Qué le pide ERC al Gobierno? Sencillamente que establezca un mecanismo por el cual una comunidad autónoma no pueda bonificar ilimitadamente los impuestos cedidos, obligando a todos los contribuyentes a pagarlos sin poder escaparse. ¿Por qué? Para evitar una competición entre las comunidades autónomas que provocase que algunos contribuyentes se mudasen de su territorio con destino a otro con el único objetivo de eludir sus obligaciones tributarias. Vamos, para que la gente del resto de España con mucho dinero no cambie su domicilio a Madrid para no pagar el impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. Que de esto realmente va el tema.
Recapitulemos. Las autonomías, por exigencia precisamente de los nacionalistas en la Transición, se financian con dos mecanismos fundamentales. Por un lado, con las transferencias de recursos del Estado, y por otro con tributos (impuestos y tasas). Hablaremos primero de los impuestos. Aunque los hay autonómicos, los más relevantes son estatales, pero las comunidades pueden desde 1980 (aprobación de la LOFCA, aunque Cataluña lo consiguió un año antes) gestionar una cesta de impuestos. Algo normal que existe en muchos otros países y que es la fórmula del legislador de finales de los 70 para no romper la igualad: las comunidades pueden cobrar pero no regular nada sobre estos impuestos estatales.
En 1996, el PP gana por primera vez las elecciones generales, pero carece de mayoría para gobernar. Los únicos socios posibles son los nacionalistas vascos y catalanes. Y Aznar, que hablaba catalán en la intimidad, acordó con Pujol, entre otras cosas, ceder la capacidad normativa sobre algunas partes de los tributos. Moltes grcies, amic. Ahí empezó el lío. Las comunidades autónomas ya no solo cobraban algunos impuestos que eran iguales para todos los españoles, sino que podían cambiar las reglas de los mismos, realizar bonificaciones por ejemplo, y así los impuestos ya no serían iguales para todos, porque teniendo el mismo dinero en Girona que en Cádiz pagarías menos impuestos. O más.
El propósito de extender el poder autonómico se desparramó y en 2001, y Aznar, ya sin dependencia alguna de las formaciones nacionalistas y habiendo olvidado el catalán fruto de la mayoría absoluta, introduce una nueva reforma fiscal que permite que las comunidades puedan bonificar algún impuesto al 99% (Sucesiones y Donaciones), y luego no gravar el Patrimonio, reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales ... lo que viene siendo el paraíso de las grandes fortunas.
Algunos tributos que en España sólo paga una privilegiada minoría, en Madrid no los paga nadie. Por ejemplo, para tributar en Sucesiones en primer grado de consanguinidad hace falta heredar más de 150.000 euros en cualquier lugar de España, y en Impuesto de Patrimonio tener más de 700.000 euros (con exención de vivienda habitual hasta 300.000 euros de valor).
Pero no olvidemos otro dato muy relevante: también es la región que menos gasta por habitante en sanidad pública, educación pública y políticas de protección social. Podemos imaginar que quienes se ahorran impuestos que sí pagarían si viviesen en Galicia, Valencia o Cataluña se pueden permitir ir al mercado a recibir una sanidad de primera sí llegado el caso lo necesitan. Pero esto no le ocurre a más del 90% de la población que agradecería tener un sistema mejor financiado que le protegiese y garantizase mayor calidad en los servicios públicos cuando debe enfrentarse a una situación crítica. Sobre todo porque tener la fiscalidad que tiene el resto de España no les supondría ni un euro más de esfuerzo.
Por tanto, tenemos una medida que se llama cesión de la capacidad normativa en tributos a las comunidades autónomas que parió Aznar bajo presión de Pujol, que ha convertido a Madrid en el edén de los más ricos, y que ahora Rufián, como alto representante del nacionalismo catalán en el Congreso, exige eliminar. Cosas veredes.
El dinero que no se recauda en Madrid y que podría haber recaudado el Estado también se sustrae para ayudar a otras comunidades a desarrollar sus competencias, como por ejemplo la Sanidad o la Dependencia, o podría servir para disponer de más guardias civiles, o para pagarles mejor como merecen, o para ayudar a los que han perdido un empleo, para subir las pensiones más bajas...
Desde hace años se celebra un debate soterrado en España sobre fiscalidad y desarrollo del Estado de las autonomías. Normalmente las fuerzas independentistas exigen más capacidad regulatoria para los territorios, en coherencia con su idea de descentralización, y las fuerzas constituicionalistas opinan lo contrario.
Así lo he hablado con dirigentes de PSOE, PP y Ciudadanos. Incluso Rajoy encargó en 2017 un informe a un grupo de expertos que concluía que "sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente... restringiendo la capacidad normativa autonómica... introduciendo topes máximos y/o mínimos de gravamen ...". Vamos, que el informe pedido por Rajoy decía lo que se va a tener que hacer ahora porque lo exige Rufián. Pero para que no parezca lo que no es, la idea en absoluto es del líder catalán. Algunos llevamos años en esto. Sencillamente porque es de puro sentido común.
Quiero dejar claro que mi posición personal es la de que el Estado retrotraiga la cesión no de la gestión de los tributos pero sí de la capacidad normativa de los mismos. Pero comprendiendo la dificultad de esto se hace como mínimo inexcusable establecer alguna armonización que evite el dumping fiscal que está ejerciendo la Comunidad de Madrid y que está fabricando mayor desigualdad, beneficiado mucho a los más ricos y deteriorando la capacidad de financiar los servicios públicos. Y esto es lo que opino.
Pablo Bellido
